A 5 familias les dieron más prórroga para desalojar el ex edificio de Altius

Luego de que el municipio clausurara el conventillo ilegal que funcionaba en el ex edificio de Altius, otorgando un plazo de cinco días para que las 16 familias que allí vivían abandonaran el edificio, ayer les otorgaron una prórroga de 10 días para cinco familias que aún ocupan las habitaciones y todavía no encuentran un lugar donde vivir.

Cinco familias aún continúan alojadas en el ex edificio de la clínica psiquiátrica Altius, donde hasta hace unos días funcionaba un conventillo ilegal que generaba ingresos por más de $60.000, alquilando habitaciones que se encontraban en un estado deplorable, sin luz y sin agua en algunos casos.
Las mismas tienen un plazo de 10 días para abandonar este irregular hospedaje, en el cual sin quererlo terminaron siendo víctimas del inescrupuloso negocio que se montaba puertas adentro de donde alguna vez funcionó la clínica del abogado Alvaro Luna.
La prórroga fue otorgada por el municipio, a través de la subsecretaría de Fiscalización y la Secretaría de Seguridad, que ayer volvieron al edificio clausurado hace una semana para comprobar que se hubieran desalojado las 16 habitaciones donde vivían familias completas.
Allí se encontraron con que todavía quedaban cinco familias, pero al haber voluntad de retirarse “por parte del infractor” (José González Galloso, quien alquilaba el inmueble) y “de la gente que está alojada”, indicó el titular de la cartera de Seguridad, Antonio Zúñiga, se les pidió una prórroga al Juzgado de Faltas N°3.
La misma fue autorizada por su titular, el abogado Gerónimo Simunovich, quien determinó un plazo de 10 días más para el desalojo de los ocupantes. “La mayoría de las personas provienen del norte”, sostuvo Zúñiga al ser consultado por la situación de las familias.
"Algunos ya regresaron a sus lugares de origen y una vez que se desocupe el edificio, se procederá a su cierre definitivo”, agregó recordando las principales falencias del inmueble.
“Fueron una cantidad de falencias que ameritaban la clausura parcial del lugar, como habitaciones con baños compartidos, conexiones clandestinas de luz y gas, falta de habilitación comercial, elementos de seguridad como extintores y los responsables del inquilinato no tenían carnet sanitario”, recordó.
De esta forma, el próximo 31 de marzo las familias que llegaron a pagar entre $4.000 y $4.500 mensuales deberían abandonar el edificio de 600 metros cuadrados ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen, donde entre 1994 y 2009 funcionó la clínica que llegó a tener más de 60 empleados y cerca de 90 pacientes, incluso una segunda sede en Km 8.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico