A "Chatrán" Hernández le imputan ser el organizador de una asociación ilícita

César Alejandro Hernández, alias "Chatrán", fue imputado ayer como organizador de la asociación ilícita, en el marco de la causa en la que tiene como compañeros de causa al oficial de policía Pedro Benítez; al colombiano, Juan Carlos Cuellar Gamboa y a la paraguaya, Guillermina Ferreira Almada, quienes ya fueron imputados el martes por el mismo delito. A pedido de la Fiscalía le dictaron tres meses de prisión preventiva y por solicitud del imputado, será alojado en la Comisaría de Rada Tilly. Su pareja quedó en libertad.

La audiencia de control de detención de César "Chatrán" Hernández (39) se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y en el mismo acto se trató la legalidad de la detención de Andrea Celeste Morán (22), quien se encontraba con él en un lujoso hotel de Puerto Madryn cuando fue detenido.
Al respecto, la fiscal general Camila Banfi le solicitó a la juez natural de la causa, Daniela Alejandra Arcuri, que declare legal la detención de Morán y adelantó que no formalizará la apertura de investigación por el momento en su contra. Añadió que en breve podría ser imputada por el delito de encubrimiento. Por lo tanto, no solicitó medida de coerción alguna para ella y recuperó la libertad.
Por otro lado, la acusadora pública solicitó que se declare legal la detención de Hernández y solicitó que se formalice la apertura de investigación en su contra por el delito de asociación ilícita, en calidad de organizador.
DEJO UNA DEUDA
DE 2.000 PESOS
En la audiencia se conoció que fue desde el mismo hotel donde estaba alojado Hernández que se dio aviso a la policía a fin de que constatara la identidad de una persona que estaba alojada en la habitación 510, la cual ya llevaba acumulada una deuda de 12.000 pesos y se descubrió que la identidad con la que se había registrado era apócrifa. Allí presentó un DNI a nombre de Ramón Alberto Barros, mientras que la joven que lo acompañaba no se registró.
El imputado fue asistido por la defensora pública, María Cristina Sadino, quien cuestionó la detención tanto de la joven, como la de Hernández, y se opuso además a la apertura de los teléfonos celulares que fueron secuestrados durante la detención.
Por otro lado, la fiscal detalló los elementos de convicción suficientes que fueron reunidos para tener a Hernández como probable autor del delito por el que se había dictado su detención, entre ellas las denuncias de las víctimas, contratos de alquiler de vehículos, escuchas telefónicas y comunicaciones que mantenía con miembros de la comunidad gitana, por medio de quienes introducía al circuito de negocios los vehículos de los que lograba apoderarse tras su ardid.
Se recordó también que la causa -que tiene como consortes al oficial ayudante Pedro Daniel Lázaro Benítez (29); a Guillermina Ferreira Almada (34) y Juan Carlos Cuellar Gamboa (30)- fue declarada compleja y en virtud de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, se requirió el dictado de la prisión preventiva por el término de tres meses.
A su turno, la defensa se opuso al dictado de una medida de coerción y rechazó el peligro de fuga, lo cual fundó con la nota que el imputado presentara en el marco de otro proceso judicial que lleva en curso, anoticiando a las autoridades que estaría fuera de esta ciudad hasta el 15 de julio.
Se dijo también que siempre cumple con todas las presentaciones y medidas de conducta que se le imponen, por lo que se entendió que no existe peligro de fuga.
Tras escuchar a las partes, la juez resolvió formalizar la apertura de la investigación contra Hernández por el delito propuesto por la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por tres meses.
Por último, y a pedido del propio imputado, se trató el tema de su lugar de alojamiento. Al respecto, Hernández solicitó ser trasladado a la Comisaría de Rada Tilly y su pedido fue concedido en virtud de que el oficial Benítez, que es su consorte de causa, pidió ser trasladado a Trelew, donde tiene su familia, y así dejó libre un lugar.

EL CASO
Hay que recordar que el martes, además de la causa por asociación ilícita, se formalizó la investigación contra el comisario Alejandro Pulley, a quien se lo imputó por cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es que para la Fiscalía, el ex jefe de la Seccional Primera le brindaba protección a la banda imputada por asociación ilícita, de la que surgen delitos contra la propiedad, estafas con alquiler y venta de automotores, prostitución y falsificación de documentos, entre otros, y que viene siendo investigada desde setiembre de 2014.
La Fiscalía, en la primera audiencia, separó en dos partes los delitos principales. Por un lado los que tienen que ver con la asociación ilícita y por el otro los de refieren a la facilitación de la prostitución y su explotación económica.
Además, incluyó el de cohecho que involucra al policía de mayor rango que existe en la causa, solicitándose la declaración de asunto complejo, lo cual otorga un plazo más extenso de investigación, pudiéndose tomar un año y más. En este caso, se otorgó un año de investigación.

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