A Huilipan le agravaron la calificación por el robo a la agencia de remises

A pedido de la Fiscalía se revisó ayer la prisión preventiva de Claudio Alberto Huilipan y se hizo lugar a la continuidad de la medida por otros 30 días. En el mismo acto el acusador público amplió la imputación y la calificó como robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda.
Se llevó a cabo ayer la revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Claudio Alberto Huilipan (29), luego de que el tribunal colegiado de Sarmiento, integrado por los jueces Roberto Casal y Alejandro Rosales, recovara la resolución dictada por la juez Raquel Tassello en relación a Claudio Alberto Huilipan y dictaron su prisión preventiva por 30 días.
A pedido del fiscal general, Adrián Cabral, se realizó dicha revisión y el acto fue presidido por la juez natural, Raquel Tassello. El imputado, en tanto, recibió la asistencia de la abogada adjunta de la Defensa Pública, Vanesa Vera.
En ese contexto, el acusador público solicitó que se mantenga la medida de coerción que viene cumpliendo el imputado porque a su entender no variaron las condiciones por las cuales fue dictada la prisión preventiva. Además, en el mismo acto, el fiscal amplió la imputación contra Huilipan, calificándose como robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda.

EL CASO
Hay que recordar que el hecho en cuestión ocurrió en dos etapas. La primera tiene que ver con el homicidio en ocasión de robo que sufrió el trabajador de la agencia de remises Aleisa, Fernando Schmidt, el cual tuvo lugar el domingo 29 de enero a las 4:20. Por ese crimen fue imputado Miguel Ángel Sotello (18) y le dictaron cuatro meses de prisión preventiva.
El otro suceso se produjo tres horas después, a las 7:20, cuando Huilipan y Leonardo Jesús Aguilar (24), que habían estado bebiendo en un bar de las inmediaciones, pasaron por la agencia Aleisa y robaron una de las cámaras y un teléfono celular.
Los dos delitos fueron conectados por la Fiscalía, desde donde se cree que los últimos tuvieron la intención de borrar evidencias que comprometen la situación del presunto asesino, aunque los ladrones se desvincularon del hecho anterior y la Defensa Pública pidió que se examine los celulares secuestros a fin de averiguar si realmente existieron comunicaciones tendientes a procurar impunidad.





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