Abogados laboralistas rechazan la reforma de la ley de Riesgos de Trabajo

El letrado Horacio Schick destacó que "el aumento de la litigiosidad y de la eventual presentación de demandas hasta la aprobación de la ley en la Cámara baja no son razones suficientes para recurrir a medidas que alteren el estado republicano".

La Asociación de Abogados Laboralistas rechaza el decreto que reformó ayer la Ley de Riesgos de Trabajo con el propósito de restringir el acceso a la Justicia de las trabajadoras y trabajadores que resultan víctimas de los siniestros laborales. La medida no sólo elude el necesario debate parlamentario sino que destruye derechos fundamentales de los trabajadores e impone un régimen cuyo único objetivo es garantizar la rentabilidad empresaria.
"Para eliminar la llamada "litigiosidad" el camino correcto sería suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemático de la inmensa mayoría de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros que ingresan al sistema, sólo el 3% son enfermedades profesionales); la injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones; las altas médicas apresuradas; las deplorables prestaciones en especie; el permanente maltrato de los prestadores de las ART; las reparaciones miserables de los daños sufridos, hecho acreditado por las sucesivas correcciones realizadas por los diferentes gobiernos en veinte años (decretos 1278/00 y 1694/99, ley 26.773, y este proyecto); la morosidad en el trámite administrativo ante las ART y ante las Comisiones Médicas; etc. Y fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad laboral", fundamentó AAL a través de un documento.
AAL cuestionó, entre otros puntos, la obligatoriedad que establece la norma de realizar un reclamo ante las Comisiones Médicas, históricamente asociadas a los intereses de las ART, antes de poder acceder a la Justicia. "Para atacar la litigiosidad, lamentablemente el PEN opta por un camino: dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo".
Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, sostuvo en declaraciones a ámbito.com que "lo primero que dice la Constitución es que solamente se puede dictar un DNU cuando en circunstancias excepcionales sea imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la misma".
Y en ese sentido agregó: "la Constitución está poniendo límites y creo que se ve de manera clara que no se dan esas circunstancias excepcionales. No sólo eso, menos podría darse en una materia que ya tiene media sanción del Congreso".

"ES UN ABUSO Y
UNA ABERRACION"
En esa línea se expresó el abogado laboralista Horacio Schick, quien cuestionó la medida del Gobierno por considerarla "inconstitucional" y arremetió contra el presidente Macri por considerar que ejerce un "hiperpresidencialismo".
"La Constitución establece en el artículo 99, inciso tercero, la posibilidad de dictar un DNU en situaciones excepcionales para sustituir el camino constitucional de dictar las leyes a través del Congreso", remarcó a ámbito.com, en línea con sus colegas.
"No es el único presidente que recurrió al DNU, pero es un abuso y una aberración de las reglas de derecho y un ejercicio de hiperpresidencialismo extremo que ellos dijeron que venían a cambiar", enfatizó.
En tanto, Badeni sostuvo que la necesidad de urgencia es un concepto político y no jurídico, sujeto "exclusivamente a la apreciación de los políticos y no a la de los jueces". Y añadió: "La urgencia o no es una facultad del poder Ejecutivo y Legislativo, pero se puede decir que el DNU no es constitucional por el hecho de que se esté debatiendo el tema en el Congreso".
En ese orden, el abogado laboralista Horacio Schick cuestionó los argumentos del Gobierno al destacar que "el aumento de la litigiosidad y de la eventual presentación de demandas hasta la aprobación de la ley en la Cámara baja no son razones suficientes para recurrir a medidas que alteren el estado republicano, la división de poderes y el Estado derecho".

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