Abrirán una causa a Luis Buttazzi, Bustos y Marsó

El comisario Alejandro Pulley, quien está imputado por cohecho en el marco de la causa compleja en la que se investigaron delitos vinculados a la prostitución y que tiene imputados extranjeros y otros exfuncionarios municipales como Antonio Zúñiga, amplió su declaración ayer y a partir de ello la Fiscalía abrirá una nueva causa para investigar a los exjefes de la Policía de Chubut Luis Buttazzi y Leonardo Bustos, además del ex titular de la Secretaría de Seguridad, Carlos Marsó, y los jueces que pedían y ordenaban los allanamientos.

La causa compleja en la que está imputado Alejandro Pulley vencía hoy, pero a partir de su declaración la fiscal general, Camila Banfi, solicitó una prórroga por otros 30 días, razón por la cual se debió realizar una audiencia en horas de la tarde de ayer.
A través de una video conferencia, Pulley participó de la audiencia desde Trelew, en tanto que en Comodoro Rivadavia el acto fue presidido por la juez penal, Daniela Arcuri. El imputado estuvo asistido por su abogado particular, Alejandro Fuentes.
La declaración fue presentada de manera escrita el 23 de mayo y ayer fue leída de manera íntegra –37 fojas--, ratificada por el imputado que también realizó algunas aclaraciones al respecto.
Si bien la mayoría de los temas que abordó ya habían sido declarados por él durante el transcurso de la causa, ayer la Fiscalía sostuvo que por la magnitud de peso que tienen los mismos, se abrirá una causa aparte para ser investigados.
Es que Pulley involucró a varias personas que tuvieron cargos de relevancia, la mayoría de los cuales fueron nombrados y los que no lo fueron, serán develados con la investigación. En este caso entran jueces de Faltas y Penales.
En síntesis, el comisario contó que cuando tomó el cargo en la jefatura de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia los recursos eran escasos, contaba con 14 empleados y 4 móviles, lo que dificultaba llevar a cabo una "profunda tarea de seguridad". No obstante –relató– se reunió con responsables de todas las fuerzas de seguridad para acordar colaboraciones y así fue como en febrero de 2014 desde la Secretaría de Seguridad se pidió la colaboración de la Seccional Primera para participar de un allanamiento en un departamento vip de calle Rawson, donde a partir del accionar desplegado por los empleados municipales se generaron diferencias porque maltrataban a las mujeres y les secuestraban sus pertenencias, cuando la orden decía que debían identificar a las personas y determinar la actividad que se desarrollaba.

AMIGO DEL JUEZ

La Secretaría de Seguridad tenía línea directa con algunos jueces que le allanaban el camino –declaró Pulley– y se esperaba que los mismos estuvieran de turno para que las órdenes salieran tal como ellos las solicitaban. Lo mismo ocurría con los juzgados de Faltas, donde también se tenía afinidad con algunos titulares que eran estos los que se encargaban de hacer los pedidos de allanamiento.
A todo esto, se hizo saber que durante el primer operativo del que participaron de manera conjunta, se señaló que Antonio Zúñiga -quien por entonces era segundo en la secretaría que conducía Carlos Marsó- se había quedado con 85.000 pesos de la propietaria del lugar, Guillermina Almada. La mujer no dudó en exigir la devolución del dinero y finalmente le entregaron sus pertenencias tras la confección de un acta que fue rubricada por Pulley en la Seccional Primera.
En otra ocasión Almada y su pareja, el ciudadano colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa, se presentaron en la comisaría a denunciar extorsión por parte de un empleado de la Secretaría de Seguridad y así fue que la policía detuvo a Cristian Daniel Duarte.
La cuestión es que esa mujer se convirtió en informante de Pulley y aportó un dato sobre un cargamento de drogas que llegaría a Comodoro Rivadavia. El dato fue trasladado a la Brigada de Investigaciones porque esa era la orden de la superioridad para este tipo de casos, aunque no se observaron resultados.
Por segunda vez se aportaron datos de esas características y en esa ocasión la información fue directamente aportada al jefe de la Policía del Chubut, Luis Buttazzi, quien ordenó que se la trasmitiera a Leonardo Bustos, quien oficiaba por entonces como jefe de la Brigada de Investigaciones y que hoy se desempeña como asesor de Seguridad de las actuales autoridades municipales.
La cuestión es que tampoco hubo resultados y esa valiosa información nunca llegó a la Justicia Federal para ser investigada, todo lo cual llegó a generar sospechas sobre la vinculación del narcotráfico con la policía y la política en Chubut.

PRORROGA

A partir de estos y muchos otros datos que aportó Pulley en su declaración, algunos que tienen que ver con errores de la Fiscalía sobre comunicaciones que le atribuyen a él, la fiscal Banfi resolvió pedir una prórroga de la investigación por 30 días y extraer las citas del declarante para corroborar sus dichos, mientras que por otro lado abrirá una nueva causa para investigar a las personas mencionadas.

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