Abuso, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica

En la audiencia de control de detención desarrollada el domingo en la Oficina Judicial, el funcionario fiscal Cristian Olazábal detectó contradicciones en la actuación policial. Además de pedir la ilegalidad de la detención, adelantó que investigará a los policías por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.
El representante fiscal al tener en poder las actuaciones observó contradicciones por parte del personal policial de Rada Tilly, plasmadas en el acta presentada. También detectó la inexistencia de un testigo civil de actuación que valide la presunta resistencia de Nicolás Calfuquir ante los cuatro uniformados que participaron del operativo de tránsito. Con ese cuadro, el funcionario pidió la nulidad del procedimiento.
En la audiencia judicial, Olazábal expuso que se le labró una infracción de tránsito por la ausencia del comprobante de seguro, lo que le permitiría a Calfuquir seguir circulando con su automóvil. Por otro lado, cuestionó la actitud de los policías que desplegaron "un comportamiento hostil mediante el uso de la fuerza" para reducir y detener al automovilista. Por ello, consideró que la detención no estaba amparada en el artículo 217 del Código Penal.
A criterio de la Fiscalía, "estas contradicciones pretendían justificar una detención arbitraria". Por ello, el funcionario pidió al juez penal Martín Cosmaro que declare ilegal la detención.
Luego, la defensora pública Viviana Barillari apoyo la postura fiscal solicitándole al magistrado que escuchara la declaración de su asistido. Este expuso que los hechos no eran como los plasmó la policía, sino que él frente al operativo detuvo su marcha y afirmó que no poseía el comprobante escrito de la cobertura del seguro automotor.
Dicho comprobante lo tenía en forma digital mediante archivo de PDF. No obstante, los uniformados le dijeron a Calfuquir que le labrarían el acta de infracción obligándolo a firmar el mismo. El conductor se negó y uno de los efectivos le dijo: "firma acá o te secuestramos el auto".
Luego, cuatro policías lo sacaron por la fuerza del auto, lo esposaron y golpearon en la cabeza para trasladarlo a un calabozo. Le negaron la posibilidad de comunicarse con algún familiar para ponerlo en conocimiento de su situación.
El juez entendió que la detención era ilegal y la declaró en ese sentido. Ordenó además el libramiento de oficio a la Unidad Regional de Policía para que labre el sumario correspondiente y puso a disposición de la Fiscalía el acta de la audiencia de control y los audios respectivos.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá investigar los delitos de abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.

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