Alternativas tarifarias


Esta es una de las alternativas, aunque habrá que oír la voz fundamental en este caso y cuál es la propuesta específica que tiene la propia prestadora para ajustarse a derecho, más allá de que uno de los argumentos que la SCPL podría esgrimir para desoír la orden judicial es el hecho de que Cammesa no haya acatado el fallo -según la SCPL- dado que habría emitido en agosto una factura idéntica a los tres meses previos.
Más allá de esto, el concejal Maximiliano Sampaoli (FpV) subrayó que el fallo judicial está vigente y que aguardarán a ver cuál es el planteo de la Cooperativa. "Ellos argumentan que si bien hay un fallo que retrotrae el valor del Kw al mes de enero, también es cierto que algunos insumos, incluido el costo laboral de estos últimos meses, han tenido incrementos. A partir de allí estimamos que quizás ellos van a plantear la posibilidad de una tarifa provisoria".
No obstante esa posibilidad, el concejal destacó que para acordar la misma "la SCPL tiene que estar en condiciones de aplicarla de manera inmediata. Hay cuestiones que por el sistema que utilizan no pueden implementar rápidamente, con lo cual hay que seguir trabajando en el tema".
Mientras, en términos económicos y para cuantificar cuál sería el impacto de la marcha atrás con la tarifa, y si bien el Ente de Control no lo especificó en ningún punto de su informe temático, Sampaoli indicó que de la actual tarifa que la Cooperativa pone al cobro por el servicio eléctrico, aproximadamente el 60% corresponde a consumo de energía y el restante 40% se da en relación a otros costos del servicio (laboral, insumos, etcétera).
De este modo, la disminución del precio a cobrar solo debería impactar sobre ese 60% de uno solo de los cinco servicios que componen la factura global.
El dato es fundamental para avanzar con otras variables que apuntan a no desfinanciar a la prestadora, entre las que la mencionada tarifa intermedia es una, mientras otra podría darse con retomar la aplicación de una figura similar al fondo de sustentabilidad, de menor impacto, que es el que se mantuvo vigente hasta marzo, dado que contenía también el ítem obras, y que sea de derogación automática cuando la resolución judicial alcance el carácter de definitiva.

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