Amenazas, piñas y un herido de bala

El viernes 13 mayo un empleado de la SCPL radicó una denuncia policial por amenazas y para preservar la seguridad de su familia. Desde un principio se investigó si las mismas tendrían como blanco a trabajadores que no están enrolados en la estructura del gremio de Obras Sanitarias y que son encargados de controlar el funcionamiento de áreas clave.
Según consta en el acta policial, la persona que se comunicó con la víctima afirmó en esa llamada: "Chilote, tené cuidado donde te metés, sabemos dónde vivís". Y el mismo día que radicó la denuncia, recibió un mensaje de texto con amenazas de idéntico tenor.
"Chilote, a ver si te dedicás a cantar y no a andar haciéndote el jefe porque no sabés en la que te estás metiendo la puta que te parió. Mirá que yo sé dónde vivís, fijate cómo te vas a empezar a manejar porque esto recién empieza", le advertían.
Desde un principio, la víctima no dudó en que el incidente se inscribía en "cuestiones laborales" vinculadas con su labor en la SCPL.
El 22 de junio, en tanto, se produjo el incidente más grave de los registrados hasta ahora en este conflicto agravado a partir de que no le permitieron a la lista opositora presentarse a las elecciones de abril, donde fue ratificado Héctor José Santiago al frente del oficialismo.
Ese miércoles a la mañana, el afiliado opositor Carlos Alberto Neyra protagonizó una pelea a golpes de puño con José Luis Ogas, un delegado de la conducción. Por la tarde, fue interceptado a escasas cuadras de la sede del gremio -ubicado en Kennedy al 3.400- y recibió tres tiros.
Sus compañeros quemaron cubiertas frente a las puertas del sindicato, responsabilizaron a la comisión directiva por la agresión y después efectuaron una retención de servicios por 48 horas a modo de protesta.
Tres días después el apoderado legal del gremio se reunió con los integrantes de la lista opositora en las elecciones que se iban a celebrar el 17 de abril y firmaron un acuerdo de "paz social". Para darle estatus de seriedad, el mismo se celebró en la Unidad Regional ante autoridades policiales y judiciales. Los actores se comprometieron a garantiza la prestación del servicio de mantenimiento de cloacas y agua, y sobre todo a no protagonizar conflictos.

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