Amplían investigación por coimas y desde Brasil piden confidencialidad a Gils Carbó

La Procuración General de Brasil reclamó, por su parte, a su par argentina que se mantenga la confidencialidad de la información que se envíe al país desde el 1 de junio en relación al pago multimillonario de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht.

El fiscal federal Franco Picardi amplió ayer la investigación por supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento, al pedir 17 medidas de prueba relativas a ex funcionarios del Ministerio de Planificación de la Nación, directivos locales de Odebrecht y de la empresa Iecsa, en tanto la Procuración General de Brasil pidió confidencialidad a su par argentina sobre la información que le remitirá sobre el caso.
La Procuración General de Brasil reclamó ayer a su par argentina que se mantenga la confidencialidad de la información que se envíe al país desde el 1 de junio próximo en relación al pago multimillonario de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht.
En un oficio enviado a la procuradora Alejandra Gils Carbó, la Procuración pidió que se mantenga "el sigilo" en relación "a todas esas pruebas" referidas a actos ocurridos fuera de Brasil, según el texto en portugués al que accedió Télam.
La Justicia brasileña advirtió así que la información que sea posible compartir desde el 1 de junio, cuando cese el convenio de confidencialidad firmado en ese país con los ex directivos de la constructora que hablaron bajo "delación premiada", no deberán ser "divulgados de manera pública" para evitar "eventuales perjuicios a la investigación que ocurre actualmente sobre el tema".
En la nota se recordó que hay una "solicitud formal y expresa" al Tribunal Federal de Brasil para mantener el secreto de la información que se envíe para colaborar con otros países.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña sostuvo al hablar en la Casa Rosada durante el acto donde se anunció la renuncia de Susana Malcorra a la Cancillería, que “nuestra postura como Gobierno es claramente que la Procuradora (Gils Carbó) ha tenido una actitud muy pasiva en este tema".
"Y, de mínima, la podemos atribuir, esperamos equivocarnos, a sus vinculaciones políticas con el kirchnerismo", añadió.
"Pero creemos que es muy importante, dada la sensibilidad de la información, y por las prioridades de saber quién cobró las coimas según la declaración de la empresa Odebrecht, de la transparencia y la apertura de esa información", señaló.
Al margen de esta investigación, el Gobierno tiene pendiente una entrevista con los representantes de Odebrecht en Argentina, que presentaron una propuesta para preservar las obras en curso del escándalo judicial. Esa propuesta, según trascendió, sería rechazada por el Ejecutivo.
PRUEBAS PARA TODOS
En tanto, en un dictamen presentado al juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, el fiscal Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, período investigado, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública, según el escrito al que accedió Télam.
El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país".
por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
Además, se incluyó en la investigación al lobbista Jorge "Corcho" Rodriguez, ex pareja de Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado.
Picardi pidió a la AFIP listados de directivos y empleados en relación de dependencia del consorcio ganador y sus salarios.
En ese sentido, incorporó en la investigación al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, sorprendido cuando intentaba esconder unos 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez en junio del año pasado.
En el extenso dictamen, se reclamaron además, informes de cuentas bancarias, transferencias y sus montos, giros o transferencias del exterior.

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