Antillanca trazó un diagnóstico de la violencia policial en Chubut

En una charla con organizaciones sociales, el referente en el campo de los derechos humanos llamó al Estado provincial a orientar políticas para castigar y erradicar estas prácticas ilegales de la policía.

El Estado, a través de sus tres poderes, tiene una responsabilidad política para erradicar las prácticas delictivas de la policía, como las detenciones arbitrarias, los apremios y los tratos degradantes cuando ocurren. Lo planteó César Antillanca, referente en el campo de los derechos humanos, en una charla con organizaciones sociales que se realizó el jueves en esta ciudad.
El disparador de este encuentro con Antillanca -padre de Julián, joven asesinado a golpes por policías de Trelew en setiembre de 2010- fueron las expresiones del ex jefe de la Policía del Chubut, Ricardo Hughes -reemplazado por Juan Ale-, acerca de apuntar más fuerte en la identificación de quienes vayan por la calle con capucha o gorras.
"Este es un debate viejo, es un análisis que hacen las organizaciones sociales y sindicales; todas las que están fuera del gobierno. Lo que hacen estas declaraciones es blanquear una práctica antigua y habitual de la institución policial", manifestó en diálogo con El Patagónico.
"Esas declaraciones -de Hughes- no hacen otra cosa que blanquear una práctica y lamentablemente las víctimas son nuestro futuro, nuestros pibes. Este debate es necesario", afirmó Antillanca en el contacto con este medio, antes de hablar con los asistentes en el local del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST).
"Faltan políticas que traten de erradicar estas prácticas. Si no hay políticas públicas para erradicar estas prácticas que son delictivas, quiere decir que la política es afirmarlas. Cuando no se hace nada es que se sostiene", apuntó. "La seguridad es un tema delicado y debiera ser de agenda del Gobierno con políticas públicas".
Los prejuicios y la discriminación son bases de la violencia policial, cuyos principales objetivos son jóvenes que van por la calle. Según los informes anuales del Ministerio de la Defensa Pública, las víctimas de apremios y detenciones arbitrarias son jóvenes que no superan los 21 años y desempleados o que tienen trabajos ocasionales.
"Cada abuso policial, cada violación a cualquier derecho, cada agresión verbal, cada golpiza, cada desaparición de persona, es responsabilidad administrativa del Poder Ejecutivo", señaló. En esa misma línea, remarcó que hay decisiones y acciones que deberían tomarse desde los ámbitos legislativos y judiciales.
"Es gravísimo que el Estado no haga nada porque son cosas que están afuera de la legalidad. Y no sólo el Ejecutivo es responsable; el Poder Legislativo tiene ceguera con los problemas de la gente. En el Poder Judicial tienen vicios para dilucidar favorablemente al ciudadano los casos donde hay funcionarios de gobierno involucrados en delitos", indicó.

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