Arenas silíceas: de prometedor proyecto a sospechas y revisiones

El anuncio de la explotación de canteras en el valle inferior del río Chubut, cuyo material sería utilizado para la explotación petrolera no convencional en Vaca Muerta, generó expectativa en sus momentos iniciales. Sin embargo, luego se topó con cuestionamientos asociados a la falta de valor agregado. Es que YPF no procesaría la arena en la provincia.

El proyecto de YPF para extraer arenas silíceas en el valle inferior del río Chubut centralizó la escena pública durante varios meses a partir de abril de 2015, cuando se conoció la adquisición de campos por parte de la operadora con esa finalidad, para obtener los áridos necesarios para su uso en el yacimiento no convencional neuquino de "Vaca Muerta" y el desarrollo del fracking, una iniciativa que la petrolera había anunciado prácticamente un año antes.
Debates políticos, un proyecto de ley que nunca llegó a recinto, y la presión social que generó una iniciativa de neto corte extractivista dado que no implicaba procesamiento en Chubut desalentaron el avance, y el tema cayó prácticamente en el olvido en la antesala de las elecciones 2015.
Mario Das Neves, que había sido crítico de la explotación considerando que implicaba un "negocio" a la medida de Lázaro Báez al implicar una demanda de alta escala de camiones –que fue desmentido por la operadora- reflotó el tema ya electo gobernador y dijo que había cosas por revisar.
Fue el 23 de diciembre último, en el acto de asunción del dirigente sindical Jorge "Loma" Avila al frente de Petrominera, cuando Das Neves sostuvo: "hay que ver lo de las arenas de Dolavon, que fue un 'currito' del gobierno anterior con YPF". Y anticipó que revisaría el polémico proyecto anunciado como el que cambiaría la matriz productiva de la comarca valletana y que nunca llegó a presentar el Estudio de Impacto Ambiental que le dira factibilidad. "El ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, está terminando de confeccionar un informe para poder sentarnos con la operadora", indicó el mandatario provincial.
La extracción de arenas silíceas en la provincia había encontrado a principios de 2015 eco en el bloque de diputados del FPV, que presentó el proyecto de ley marco para habilitar a la petrolera YPF a la actividad en seis canteras del Valle Inferior del Río Chubut. El texto legislativo indicaba que la arena sería lavada y acondicionada en la cantera para transportarla a las provincias de Neuquén, Río Negro y otros destinos, y solicitaba Poder Ejecutivo de Chubut que asegure la inmediata colocación de Balanzas Fijas en lugares estratégicos vinculados a la extracción de arenas silíceas que permitan el control de las cargas admisibles permitidas por la Ley de Tránsito.
El proyecto indicaba que la nueva explotación era un importante aporte a la economía regional, y que era necesario planificar el incremento de transporte de cargas para mitigar el impacto sobre las rutas. Pedía en ese mismo sentido el desarrollo del transporte marítimo que empleara los puertos patagónicos, favoreciendo el traslado de las arenas por esa vía, dada la cercanía de las canteras a Puerto Madryn.

AHORRO VS INVERSION

El insumo, fundamental para la explotación vía fracking se importaba desde China y Estados Unidos, implicando costos superiores a los 600 dólares por tonelada, con lo que la petrolera de bandera -que incidía con 350 sobre los 500 millones de dólares anuales que las operadoras de desarrollo en Argentina invertían en la importación- optó por la producción local, y por los reservorios chubutenses de manera concreta porque el producto sería de calidad superior a las de otros puntos del país.
Así, mientras el anuncio había generado expectativa en sus momentos iniciales, poco tardó en alzar cuestionamientos asociados a la falta de valor agregado: YPF no procesaría la arena en la provincia, a pesar de que prescindir de la importación le generaría un ahorro de hasta el 10% por cada pozo no convencional dadas las 1.500 toneladas promedio necesarias para la operación en Vaca Muerta, extraídas ahora en su totalidad en Chubut. La carga, en cambio, sería trasladada hasta Añelo, Neuquén, e incluso a una planta ubicada en Canning, Buenos Aires y procesada allí.
Otro cuestionamiento que se ventiló en la Legislatura provincial llegó asociada a los mecanismos utilizados por la operadora para hacerse con las tierras cercanas a la localidad de 28 de Julio, y es que si bien una parte del macizo que aloja las canteras se había adquirido a un privado, pago mediante de 2 millones de dólares, otras 13 hectáreas se compraron al municipio mencionado por $135.000, aunque desde la operadora se descartó cualquier tipo de maniobra al indicar que fueron adquiridos a nombre de una empresa, "la Porfia" y no de YPF para no generar especulaciones con el precio inmobiliario más allá de la valuación fiscal
El proyecto fue presentado ante los medios periodísticos del valle provincial el 13 de mayo de 2015, mediante una conferencia de prensa en la que aclararon que la actividad no había iniciado aun dado que "todavía faltan acordar algunas cosas con la provincia del Chubut y cuando esté cerrado en los próximos meses ahí recién vamos a empezar y lo vamos a informar".
Y uno de esos puntos a convenir con la provincia era justamente cual sería la rentabilidad para Chubut, aportando el recurso pero nuevamente sin agregar cadena de valor ni generar fuentes de empleo -directas, asociadas a la extracción y procesamiento, e indirectas, vinculadas a la construcción de las plantas necesarias-, o actividad industrial.
En cuanto a la renta, las únicas precisiones del caso las había dado el entonces ministro provincial de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, al explicar que en función de la categoría aplicable de acuerdo al código minero el canon con el que se debía gravar la actividad oscilaba entre el 5% y el 10%, de acuerdo a la inversión y valor agregado in situ.
Pero a cambio, para desarrollar la extracción, YPF planteó una serie de inversiones que debía hacer la provincia: infraestructura portuaria y condiciones viales, a resolver de modo estatal para hacer viable el proyecto que en su primera etapa implicaría el movimiento de 20 camiones diarios con destino a Añelo, para ser tratado, y la generación de unos 100 puestos de trabajo -40 directos y 60 indirectos – asociados a la extracción de 500 mil toneladas anuales, el traslado y la construcción de una planta de clasificación.
A cinco meses de su presentación formal, cuando en teoría ya estarían con la producción en marcha, el proyecto estaba totalmente paralizado. La presión social y política para que las arenas sean procesadas en el Valle, y la discusión en torno a las regalías a aportar habrían sido escollos para la operadora, que sin partir en retirada –ya que conserva las tierras -, pasó al plano de mero observador.

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