Asociación ilícita en el IPV: imputaron como partícipe a una auxiliar administrativa

La apertura de investigación contra la empleada que faltaba imputar en la causa por asociación ilícita en el ámbito de la delegación local del Instituto Provincial de la Vivienda se llevó a cabo ayer y allí se le atribuyó el carácter de partícipe a la auxiliar administrativa Vanesa Medina Cónsoli. A ella también se la imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le prohibió acercarse a las oficinas del IPV y a los testigos.

La apertura de investigación preparatoria contra Vanesa Medina Cónsoli se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la juez penal Mariel Suárez, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Camila Banfi. La imputada, en tanto, fue asistida por el defensor público Esteban Mantecón.
Hay que recordar que durante la audiencia celebrada el 26 de mayo, ocasión en la que no estuvo presente Medina Cónsoli, fueron imputados --por hechos ocurridos entre diciembre de 2011 y octubre de 2014-- Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla y Alejo Recalde.
En la audiencia de ayer la acusadora pública relató el hecho a investigar y recordó que entre diciembre de 2011 y octubre de 2014 los imputados montaron una estructura para adjudicar de manera ilegal, a personas que no reunían los requisitos y allegados, viviendas del IPV. Asimismo, obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales, específicamente nombró la asignación de las 81 viviendas del barrio Ciudadela.
También dijo la fiscal que los imputados realizaban, a discreción, una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Es decir, adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello.

ALTERACION DE REGISTROS
Según el relato fiscal, Medina Cónsoli era auxiliar administrativa y formó parte de la banda alterando registros y legajos que no cumplían con los requisitos, por ejemplo no incorporando informes sociales. Se adjudicaron viviendas a allegados, familiares y a los mimos integrantes de la asociación ilícita. Además, la imputada omitió cumplir con los deberes de funcionario público.
Por ello, Banfi calificó provisoriamente el hecho para la imputada como asociación ilícita, en calidad de partícipe, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. En cuando a las medidas cautelares, la acusadora pública requirió prohibición de acercamiento al IPV local y a testigos en base al peligro de entorpecimiento por el período que dure la investigación.
La Fiscalía sostiene que los imputados realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el IPV local.
Asimismo, Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del organismo, destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello.
A todo esto, el defensor se refirió a las medidas sustitutivas y señaló que Medina Cónsoli ya fue adscripta por resolución del IPV al Ministerio de Salud. Asimismo, hizo referencia a “falencias en la acusación”, ya que a su entender se hace en el relato del hecho “una mención generalizada de cuál fue la actividad desplegada para conformar una asociación ilícita, pero no es precisa, sino generalizada”; es decir que “no amerita la imputación de un delito”.
Medina Cónsoli era una auxiliar administrativa y no podía disponer de la entrega de un inmueble, lo cual sucedía desde Rawson. Por todo ello, concluyó que “no se le puede imputar a mi asistida la participación en una asociación ilícita, ya que no se cumplen los requisitos para la apertura de investigación”.
Finalmente, la jueza penal resolvió que corresponde decretar la apertura de investigación preparatoria por el hecho descripto por la fiscal. A su entender el relato del hecho reúne las condiciones que la norma procesal penal exige y estableció igual plazo de investigación que para los restantes imputados, es decir hasta el 26 de noviembre.
Por último, hizo lugar a la prohibición de acercarse al IPV local y de mantener contacto con testigos.

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