Avianca: la Justicia avanza sobre Macri

El juez federal Sergio Torres ordenó procedimientos en la secretaría general de la Presidencia y requirió además informes sobre los viajes realizados por el Presidente y otros funcionarios del gobierno nacional.

El juez federal Sergio Torres dispuso hoy operativos en la Secretaría General de Presidencia, en Aerolíneas Argentinas. El relato del piloto tras la emergencia en pleno vuelo para salvar al nene, y distintos organismos públicos en el marco de la causa en la que están imputados el presidente Mauricio Macri, funcionarios del Ejecutivo, miembros de la línea aérea AVIANCA y a empresarios del sector aeronáutico por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

Según publica hoy MinutoUno, Torres pidió a la Secretaría General de Presidencia se informe el detalle de los viajes realizados por el presidente Macri y otros funcionarios del Gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad en la flota presidencial o bien aviones de empresas privadas.

La investigación apunta a determinar si se habría beneficiado a Avianca empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, del grupo Macri. También se investiga si la firma Fly Bondi, que recibió rutas aéreas low cost por parte del gobierno está relacionada con Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete, también imputado en el caso.

Lo procedimientos los llevó a cabo la Policía Federal en distintos organismos, entre ellos la Inspección General de Justicia.

En la causa se investigan numerosos hechos, entre ellos la contratación del Estado de empresas aéreas para viajes presidenciales, en supuesta violación a la modalidad que establecen las leyes: la venta de la empresa Macair Jet S.A, que era de la familia Macri, y el posicionamiento en el mercado local de Avian Líneas Aéreas. También se investiga la asignación de rutas aéreas operadas por Aerolíneas Argentinas a Fly Bondi Líneas Aéreas, y la compra de una nueva flota presidencial sorteando la modalidad establecida por ley para la contratación.

El magistrado requirió que la Secretaría General de Presidencia también informe sobre la licitación pública destinada a la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares o institucionales.

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