Bajo apercibimiento de desalojo, intiman a familias que usurparon viviendas en Caleta

Las primeras 30 familias de un total de casi 300 que hace un año protagonizaron en esta ciudad una masiva escalada de toma de viviendas de planes oficiales en etapa de construcción, ya recibieron cédulas judiciales. En ellas se las intima a abandonarlas bajo apercibimiento de desalojo con el uso de la fuerza pública.

Caleta Olivia (agencia)
Las notificaciones llegaron el jueves al sector de las denominadas 62 viviendas y fueron entregadas puerta a puerta por policías de la Comisaría Seccional Quinta, dando cumplimiento a una orden de la Unidad Regional Zona Norte que a su vez recibió directivas del Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo de Mario Albarrán.
Si bien ese requerimiento databa de hace aproximadamente dos meses, fue el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda el que activó su cumplimiento y ello se desprende de la visita que a mediados de la semana pasada realizaron a esta ciudad dos funcionarios de ese organismo para atender los reclamos de otras familias que exigían el derecho a una vivienda por esta inscriptas desde hace varios años y no optaron por la metodología de ocupaciones ilegales.
Los representantes del IDUV les hicieron saber que el objetivo era recuperar las casi 300 unidades usurpadas, concretamente el grupo de las 62, el de las 187 (ubicados en la zona del barrio Rotary 23) y las 40 situadas en el perímetro del barrio Centenario.
Vale recordar que la construcción de los dos primeros núcleos estaba paralizada desde hacía varios años por confusas razones, en tanto que las obras de las 40 estaban en su etapa de finalización y se canalizaron a través de un convenio entre Nación y Municipalidad.

CUESTIONES POLITICAS Y LEGALES
Las tomas comenzaron a mediados del mes de octubre de 2015 y casi de inmediato se transformaron en una inusitada escalada, sin siquiera dar tiempo a la intervención de organismos oficiales y a los funcionarios políticos dado que coincidentemente este fenómeno se produjo a pocos días de las elecciones generales.
Este hecho también generó una serie de cruzadas acusaciones entre referentes de varios partidos políticos, las cuales aludían a "usurpaciones inducidas".
Con el transcurrir de los meses comenzaron a verse las primeras acciones de la justicia en base a las denuncias que presentaran tanto el IDUV como la Municipalidad y en ese contexto un defensor público oficial, Walter Martínez, interpuso recursos de amparo a favor de las familias ocupantes.
Sucesivamente, también intervino una Fiscalía, al tiempo que otros grupos de familias que rechazaban las tomas y reclamaban por sus derechos protagonizaron marchas de protesta por calles céntricas, incluso reclamos con pancartas frente al edificio de tribunales.
En medio de esta tensa situación, el intendente Facundo Prades aceleró por su propia cuenta la entrega de 150 viviendas en etapa final de construcción emplazadas en inmediaciones del Parque Industrial, las que se ejecutaban por la operatoria del Techo Digno. El jefe comunal adoptó esa decisión para evitar que las mismas fueran usurpadas y apeló al listado de inscriptos en ese plan.

OTRA VEZ LA TENSION
Ahora, con la recepción de las cédulas de intimación, se activó un nuevo foco de conflicto social y ello se vio reflejado el viernes por la tarde cuando las familias ocupantes de las 62 se reunieron en una de las calles de tierra para debatir la manera en que resistirán la advertencia de desalojo con la fuerza pública.
Les otorgaron un plazo de 15 días corridos para abandonar las viviendas, pero afirmaron que no se irán de ninguna manera y entienden que las obras de construcción de esas casas estuvieron paralizadas ocho años, por lo cual interpretan que estaban abandonadas y consecuentemente hay leyes que avalan su proceder.
En informal charla con El Patagónico indicaron que el defensor oficial Walter Martínez les dijo que el juez Mario Albarrán "cerró los ojos" a sus derechos y dio lugar a la postura del IDUV de adjudicar a otras familias las casi 300 unidades habitacionales, previo expulsar a las que las están ocupando.
"Nosotros no vamos a abandonar nuestras casas. Que venga la Policía si quiere, pero tampoco queremos un choque de pobres contra pobres", dijo Verónica, una de las vecinas de las 62 viviendas.
Finalmente, cabe señalar que es probable que a partir del martes la policía continúe entregando cédulas de intimación al resto de las familias, como paso previo a la orden de desalojo por la fuerza, aunque no se especificaron fechas para esta última instancia.

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