Boomerang

Parece que hubiera pasado hace mucho tiempo, pero apenas fueron ocho años. El verano de 2008 fue pródigo en novedades que afectaron –para mal– el bolsillo de la mayoría de los comodorenses. El nuevo intendente, Martín Buzzi, dispuso un aumento generalizado de impuestos que llegaron con otras medidas destinadas a que se olvidara rápido un municipio que dejó pasar oportunidades, como el que había conducido Raúl Simoncini, para darle paso a otro dotado de mayor agilidad. El resultado de ésta aún es materia de cuestionamientos, en virtud de lo que luego iría demostrando el movimiento de quien estaba más preocupado por su futuro como candidato a gobernador que de su presente como gestor de soluciones para sus conciudadanos.
Fue entonces cuando entró en vigencia el Servicio de Estacionamiento Medido, que le sirve desde entonces al municipio para engordar sus arcas con el objetivo de emplear ese dinero en el mejoramiento de infraestructura para los ciudadanos. El entonces secretario de Gobierno, José Manuel Corchuelo Blasco, prometió un amplio espacio para que quienes no podían abonar el estacionamiento, pudieran dejar sus vehículos con plenas seguridades de que nada les pasaría. Tal predio estaría ubicado en cercanías del puerto. ¿Alguien sabe de él?
Por entonces también la cooperativa mantenía un bajo perfil y solo era noticia por las inversiones eólicas y en telefonía que hacía, que aún no habían adquirido la condición de "dudosas". Claro, es que el servicio que prestaba para la cantidad de habitantes de esos años podía disimularse con los parches que -luego se descubriría- venían aplicándose desde hace bastante.
Fue en esos años cuando se produjo el boom de las tomas de tierras que alentaron no pocos políticos pensando en las elecciones que vendrían, donde iban a necesitar votos para ponerse en pie de igualdad con el Valle, eterno fiel de la balanza a la hora de definir qué es lo que le conviene a la Provincia.
Hoy ha decidido que su destino y el del gobierno nacional del ajuste y el despido deben marchar por la misma senda. En Comodoro, en tanto, su clase política acaba de avalar un "tarifazo" en el consumo energético para que la cooperativa salde su deuda con la distribuidora mayorista CAMMESA, más allá de lo que pueda conseguir el gobernador Mario Das Neves, quien ha dicho que no permitirá el quebranto de las entidades que se ocupan de prestar los servicios que no dan las empresas que solo buscan ganancias para sus accionistas y no para sus comisiones directivas, como es el caso de las locales.
También Das Neves ha prometido dar batalla para que se reactiven las obras en el aeropuerto Mosconi que ya habían sido adjudicadas por su predecesor en el cargo. Por ahora su ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, admite que no puede hacer más que "gestiones" porque no es un tema sencillo contradecir a los CEO que gobiernan el país, más allá de los cuatro votos que le puede aportar Chubut Somos Todos en el Congreso nacional.

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En enero de 2014 se concretó la última incorporación de 12 motoristas a la Dirección de Tránsito municipal. Era personal que estaba contratado y luego pasó a planta sin concurso y con la anuencia del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Solo con ser mayores de edad y tener la primaria completa, los postulantes –que muchas veces son hijos de empleados municipales- se inician en el control del cada vez más caótico tránsito local; ese que quedó crudamente expuesto el 9 de abril de 2008 cuando un automovilista mató a otro en la disputa por un lugar para estacionar en el centro.
Ahora, dos inspectores se dedicaban alegremente y con total impunidad a asaltar ciudadanos en la madrugada, llegando a la tortura con picanas y extensibles para conseguir sus fines. También tenían en su poder otras armas de sometimiento que –todo indica- no era la primera vez que empleaban, más allá de los talonarios rotos con boletas de infracciones que supuestamente condonaron a cambio de dádivas que bien pudieron haber sido concedidas bajo amenazas.
Nadie es tan ingenuo como para creer que esto es nuevo. Lo único destacable esta vez es que fueron descubiertos casi in fraganti y revelado el modo cruel con el que se manejan ciertos servidores públicos que poco y nada parecen valorar al semejante que –en definitiva– es su empleador por el mero hecho de ser un contribuyente al erario municipal, desde donde deberían salir los recursos para capacitar al personal en forma íntegra, no solo física. De poco les sirve a las víctimas enterarse de que sus victimarios fueron separados de cargos, obligados seguramente por el escándalo mediático que generaron estos impresentables, uno de los cuales ya tenía antecedentes, tal como reveló El Patagónico. Sin embargo, seguía controlando automovilistas como si nada y robándoles en forma descarada. Fuera de su horario laboral, eso sí.

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El caso de Facundo Garbarino y Mauro Cárdenas puso al desnudo como ningún otro la liviandad con la cual les confieren responsabilidades que tienen que ver con la vida y los bienes de los ciudadanos a gente que a todas luces no está debidamente preparada. Y la responsabilidad mayor la tienen sus superiores, que deberían controlar periódicamente su idoneidad. El 18 de mayo de 2014, Angel Domínguez murió bajo las ruedas de una camioneta de Defensa Civil, en un episodio que pretendió hacerse pasar por accidente y en donde no todos los responsables de la acción y la omisión fueron juzgados. Solo se sentaron en el banquillo un par de acusados que recibieron condenas en suspenso, uno de los cuales –justo el que conducía esa fatídica madrugada- fue sorprendido hace poco cumpliendo la tarea que tenía el día que murió Domínguez. Lo denunciaron familiares de la víctima.
Y un día antes de que estallara el escándalo de los "inspec-chorros", otro motorista hizo gala de su soberbia durante la marcha de la UOCRA, cuando invitó a pelear a un conductor que expresó su malestar por tener que esperar que terminara de pasar la columna de manifestantes. No solo eso, sino que este inspector hasta persiguió al conductor unos metros en forma provocativa, para luego buscar la complicidad de quienes a esa hora solo estaban preocupados por su futuro laboral, que ya no luce tan promisorio como hace unos años, cuando el petróleo cotizaba alto y las operadoras suscribían importantes contratos con políticos que pregonaban que así se garantizaba el futuro de varias generaciones de comodorenses.

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Un peligroso delincuente, condenado a 17 años por el homicidio de un empresario pero que aún permanecía en una comisaría de Comodoro, apiló sillas, trepó un paredón, pegó un salto y escapó cual Papillón hacia la libertad. Todo ello un sábado a la noche y antes de que el reloj diera las 24. La policía lo corrió, pero no lo alcanzó. No será la triple fuga de los Lanatta y Schillaci, pero se le parece. Lucas Avila Maya es oriundo de Mendoza y ya podría estar en su provincia.
No es el primer reo que se evade de una comisaría local, más allá de que la mayoría son recapturados, aunque en algunos casos muchos años después y pese a haber vuelto a vivir en esta ciudad, como Telésforo Vargas Torrico, el ciudadano boliviano que estranguló a un remisero hace 16 años. Tienen razón quienes afirman que los policías no están capacitados para ser carceleros y que las seccionales de barrio no son los mejores lugares para que permanezcan individuos que han exhibido a lo largo de sus días un total desprecio por la vida, tanto la propia como la de quienes se les cruzan en el camino.
Hace mucho que es notorio el desinterés por ocuparse de la formación plena de aquellos a los que la sociedad arma para que los defiendan las 24 horas, no para que trabajen como oficinistas y luego hagan adicionales, obligados para poder acceder a un salario que les permita llegar a fin de mes.
Más allá de las declaraciones públicas en tal sentido, los últimos jefes policiales jugaron su propio juego con el poder político de turno y a juzgar por los hechos por los que son noticia, no podrían ser considerados un modelo a seguir por su tropa. El actual es el mismo que el año pasado era parte de un bloque de diputados que cuestionaba ácidamente al principal adversario político que tenían, el mismo que hoy gobierna Chubut y que lo llamó para que le reordene Trelew, una ciudad que comenzaba a ponerse oscuramente peligrosa para los que deciden qué es lo que les conviene a los habitantes de la provincia.

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Durante sus anteriores dos gobiernos, Mario Das Neves se enfrentó con muchos adversarios, fundamentalmente porque prefiere decir lo que siente en el momento a lo que es "políticamente correcto". Hace tres meses desplazó a Martín Buzzi con la promesa de que tendería puentes a lo Francisco y no que levantaría muros como Donald Trump. Pero el instinto le jugó una mala pasada e inició una escalada de calificativos hacia algunos integrantes de la anterior gestión que tuvo su clímax hace cuatro días, cuando dijo eso de "Alí Babá y los 19 ladrones", metiendo en la misma bolsa a quienes tienen matices, como todo en la vida.
Como saben que hay ciertos gestos que lo descolocan, los aludidos hicieron lo que les convenía políticamente y le dan batalla al gobernador donde más le duele, sin permitirle emplear sus energías en los temas que son realmente más trascendentes para el futuro de los chubutenses, que no parece sonreír. Es así entonces como, aprovechando su mayoría, toman decisiones y sancionan leyes que son cuestionables desde lo ético, aunque no dejan de ser legítimas. Y Das Neves sube el volumen porque no parece contar con negociadores aptos en la Legislatura.
El ciudadano de a pie de Comodoro lee sobre lo que pasa a 400 kilómetros de donde vive; escucha gritos, agravios, ironías y maldiciones y saca cuentas: va a cobrar tanto si sube su equipo al yacimiento y esto otro si permanece en la locación; mientras podría recaudar tal cifra si no le suben la materia prima de lo que fabrica o el flete de lo que vende. Y después debe deducir lo que pagará de luz y de impuestos municipales, para salir a las calles y persignarse antes de afrontar la aventura de recorrerlas.

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