Brasil: acusan a un empresario de inventar que Lula y Rousseff tenían cuentas en el extranjero

Las delaciones premiadas de los ejecutivos del frigorífico JBS corren el riesgo de ser suspendidas en caso de que se confirme la inexistencia de cuentas en el exterior que fueron atribuidas a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, advirtió ayer un fiscal.

La fragilidad documental de las delaciones premiadas para obtener la libertad de los empresarios delatores de políticos también tiene su capítulo en el caso de la constructora Odebrecht, en el que 77 ejecutivos confesaron pago de sobornos y de donaciones ilegales de campañas para permitir la liberación del heredero del gigante de la obra pública brasileña.
El caso más reciente es el que involucra a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ya que no hay vestigios ni documentos ni pruebas de que tuvieran una cuenta en el exterior a disposición para recibir dinero del frigorífico JBS, como relató ante la fiscalía el delator Joesley Batista, libre de culpa y cargo.
"Si se comprueba que Joesley Batista mintió sobre esas cuentas, la Procuración General de la República deberá evaluar las sanciones en el ámbito de las delaciones premiadas", dijo el fiscal Iván Marx, quien tiene a cargo la parte de la denuncia referente a Lula y a Rousseff.
JBS hizo una monumental delación premiada que aún conmueve al país, sobre todo porque además de relatar donaciones ilegales de campaña contó que soborna desde 2010 al presidente Michel Temer y a su grupo político.
Incluso grabó clandestinamente a Temer en marzo pasado, acto que le valió un acuerdo con el procurador general, Rodrigo Janot, para mantenerse en libertad mientras que a Temer le produjo una denuncia por corrupción pasiva, rechazada por la Cámara de Diputados la semana pasada por la mayoría oficialista.
En medio de las delaciones sobre financiamiento ilegal y sobornos a 1.800 políticos, el dueño del mayor frigorífico del mundo dijo que tenía una cuenta en el exterior con 150 millones de dólares destinados a los expresidentes Lula y Rousseff que administraba el exministro de Hacienda de ambos, Guido Mantega.
Con el correr de las investigaciones, Batista admitió que la referida cuenta estaba a su nombre y el fiscal Marx descubrió que el dinero de esa cuenta era abastecido por valores que el mismo empresario retiraba de Brasil, como parte del lucro de sus operaciones comerciales.
"Hasta ahora lo que hay de esta supuestas trama es la palabra de él. Él decía que de esa cuenta salía dinero para donaciones ilegales para el PT, pero en realidad, por los movimientos, apenas entraba dinero allí. Y el único que manejaba esa cuenta era Joesley", dijo el fiscal Marx a la prensa local.
El fiscal de Brasilia está encargado de evaluar a los involucrados en la delación de JBS.
Esta delación está siendo combatida por el presidente Temer como una ilegalidad y puso bajo sospecha al propio procurador Janot de actuar políticamente usando a estos empresarios para sacarlo del poder.
Incluso Temer se reunió fuera de agenda, a las 22 del martes, con la sucesora de Janot que el mismo eligió.
Ambos dijeron que fue para hablar sobre la toma de posesión de la nueva fiscal general el 17 de septiembre, pero la cadena Globo indicó que se habló sobre la enemistad de Temer con Janot.
Temer pidió a la corte suprema apartar a Janot de la causa en su contra por considerarlo parte involucrada políticamente para sacarlo del cargo, luego de que avisara que tiene "más flechas" para lanzar contra el jefe del Estado.

DELACIONES CUESTIONADAS

Las delaciones en su conjunto comenzaron a ser cuestionadas luego de que el detenido extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari fuera absuelto por el tribunal regional de Porto Alegre, que consideró que el juez Sergio Moro había tomado en cuenta apenas acusaciones verbales sin su correlato documental por parte de empresarios "arrepentidos" en el escándalo de corrupción en Petrobras.
Actualmente, las delaciones de 77 ejecutivos de Odebrecht también están siendo sometidas a la evaluación de los técnicos del Supremo tribunal Federal y la Policía Federal.
Odebrecht pretende con estas delaciones la liberación en diciembre de su máximo corruptor confeso, el expresidente y heredero de la firma, Marcelo Bahía Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel por Moro, quien aceptó liberarlo en diciembre próximo a cambio de un acuerdo de delación con la fiscalía de la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná.
El diario Folha de S.Paulo apuntó que el cerebro financiero fuera de Brasil de Odebrecht, el hispano brasileño Rodrigo Tecla Durán, quien se encuentra en España, acusó a la empresa de haberle mentido a la justicia.
De acuerdo a Folha, Tecla Durán dijo que el banco Meril Bank de Antigua y Barbuda, que Odebrecht había comprado para lavar dinero y distribuirlo en corrupción, presentó extractos falsos para ocultar información.
Odebrecht hizo un acuerdo del pago de 1.200 millones de dólares con Estados Unidos, Suiza y Brasil para seguir operando en esos mercados reconociendo los ilícitos.
En el caso de Estados Unidos, fue el mayor acuerdo de este tipo realizado a cambio de relatar la gigantesca trama corrupta que involucra a 12 países, entre ellos la Argentina.
La delación premiada forma parte de una ley promulgada en 2013 por la expresidenta Dilma Rousseff luego de las gigantescas manifestaciones en todo el país que coincidieron con las movilizaciones de junio de aquel año, concomitante a la Copa de las Confederaciones de la FIFA.
Tanto Lula como Rousseff rechazaron las acusaciones hechas por Batista, que narró también que en la época del Partido de los Trabajadores, vía el ministro Mantega y el pago de sobornos, obtenía créditos para internacionalizar su empresa por parte de la entidad de fomento estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

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