Brasil termina el año en medio de una crisis política y económica

A pesar de esto, Rousseff, fogueada de mil batallas, aseguró durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 21 de diciembre, el fin de la crisis política que afecta a su gobierno, que cumplirá el primero de cuatro años el 1° de enero.

El primer año de su segundo mandato como presidenta pasará a la historia como uno de los peores de la carrera política de Dilma Rousseff, signado por una economía en recesión, con desocupados en aumento, protestas sociales y una fuerte presión judicial para destapar escándalos de corrupción que minaron la base oficialista en el Parlamento hasta el punto de habilitar la posibilidad de un juicio político en su contra, con resultado incierto.
A pesar de esto, Rousseff, fogueada de mil batallas, aseguró durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 21 de diciembre, el fin de la crisis política que afecta a su gobierno, que cumplirá el primero de cuatro años el 1° de enero.
Luego de marcar las consecuencias de la caída de los commodities y la lentitud de la recuperación mundial, la mandataria, que hace poco más de un año fue reelecta por ajustado margen para gobernar Brasil hasta el fin de 2018, dijo que la economía de su país tiene fundamentos sólidos, "con elevadas reservas y una situación financiera bajo control".
El caso es que en el tercer trimestre de 2015 el PBI brasileño tuvo un retroceso del 4,5 por ciento, respecto de mismo período de 2014. Este dato supera los peores augurios de los especialistas y se tema que incida en la recuperación económica en 2016.
La desocupación, en tanto, llegó en noviembre pasado el 7,5%, el índice más alto desde 2008, pero al medir específicamente el sector de los jóvenes desempleados, de 18 a 24 años, esos guarismos llegaron al 19,7% en septiembre.
En este contexto, el avance de las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras y sus causas derivadas ha convertido en un tembladeral la base oficialista en el Congreso, donde el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el ex presidente Luiz Lula da Silva, y el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), tienen a varios dirigentes implicados, algunos procesados.
La Policía descubrió que durante los últimos años había operado en la petrolera, la principal empresa del país y responsable de casi el 12% del producto interno bruto (PIB) brasileño, una red de corrupción formada por partidos políticos, en su mayoría de la base oficialista, y algunas de las mayores firmas privadas del país.
La investigación afecta a medio centenar de dirigentes y golpea directamente al PT, cuyo ex tesorero Joao Vaccari ya fue condenado a 15 años de cárcel.
También están en la mira de la Justicia los presidentes de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien tras iniciar el proceso contra Rousseff puede perder su escaño por su supuesta responsabilidad en la corrupción, y del Senado, Renán Calheiros, ambos del influyente PMDB.
El otro actor protagónico de este año es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB acusado entre otros casos de corrupción por desviar dinero de Petrobras y a quien se le descubrieron cuentas en Suiza.
Cunha, quien rompió lanzas con el gobierno de Rousseff a causa del avance de las investigaciones en su contra y como presidente de Diputados es quien tiene la potestad para aceptar o rechazar los pedidos de juicio político. Tras estudiar durante meses los pedidos de impeachment contra Rousseff, el legislador opositor terminó aceptando.
La intervención en la penúltima semana del año del Supremo Tribunal Federal de Justicia postergó para las primeras semanas de 2016 la definición sobre la constitucionalidad del juicio político contra la presidenta.
La Corte brasileña hizo lugar a un recurso presentado por el oficialismo para que se exija una mayoría especial en el Congreso para aprobar el impeachment. Eso significó un respiro para el gobierno, aunque no impide que continúe la tensión, por lo que desde el oficialismo se alientan canales de diálogo para evitar una "guerra fratricida".

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