Bullrich sobre los piquetes: "les damos cinco minutos, se van o los sacamos"

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya salió a impugnar este protocolo al considerar que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta" y "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social".
La ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio ayer un ultimátum a las organizaciones sociales que cortan varios accesos a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la libertad de Milagro Sala y sentenció: "Se van por las buenas o los sacamos".
"Les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos", afirmó Bullrich ayer en diálogo con radio La Red, donde dio detalles del nuevo protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en cortes de ruta y piquetes, que el gobierno nacional dio a conocer ayer.
Uno de los puntos del protocolo autoriza a las fuerzas a detener a las personas que se manifiesten con elementos contundentes. "No queremos palos ni capuchas", enfatizó la ministra, y agregó: "A partir de ahora todos van a saber a qué atenerse".
Incluso, los oficiales podrán portar sus armas reglamentarias. Bullrich lo explicó con una llamativa comparación: "Si usted tiene una persona a la que le van a quemar la casa, la primera fuerza en llegar es la Policía del barrio. Esos policías están armados. No pueden dejar las pistolas en el patrullero porque sería más peligroso. Además hay que proteger a la persona que está dentro de su casa y puede ser linchada".
En cambio, si se trata de una protesta organizada como las que suelen darse en la autopista Panamericana, las primeras filas de las fuerzas de seguridad que intervengan estarán equipadas con armas "no letales" y usarán un "mínimo indispensable" de la fuerza para correr a los manifestantes.
El secretario de Seguridad, Gerardo Milman, insistió en que "en el caso de las protestas o manifestaciones no se va a hacer uso de armas letales" y agregó que "no hay un plazo de tiempo para las negociaciones frente a una manifestación de ciudadanos".
No obstante, señaló: "Los argentinos tenemos que tener el derecho de circular, llegar al trabajo y llevar a sus hijos al colegio. Vamos a permitir el derecho peticional, que los manifestantes nos cuenten cual es su petición, pero creemos que ambos derechos tienen la misma importancia"
Como se sabe, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya salió a impugnar este protocolo al considerar "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta" y "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social".

RECHAZOS

Las distintas fuerzas que integran el Frente de Izquierda manifestaron ayer su rechazo al protocolo para el accionar de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social callejera, y adelantaron que la diputada Myriam Bregman presentará en el Congreso Nacional un proyecto de resolución para "rechazar y repudiar enérgicamente" la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Dirigentes del Partido Obrero, Izquierda Socialista y del Partido de los Trabajadores Socialistas salieron al cruce de la resolución aprobada ayer por el Consejo Federal de Seguridad Interior por considerarlo "un avasallamiento al derecho a la protesta".
En ese sentido, Bregman calificó como "increíble" que "con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo".
La referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos estimó que el protocolo deja en manos de las fuerzas de seguridad "definir qué protestas permiten y cuáles no".
Desde el PO, el dirigente Gabriel Solano entiende que el conjunto de medidas constituyen "un cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social".
Concluyen alertando que también se intenta "cercenar la libertad de prensa" al subordinarse las coberturas periodísticas de las manifestaciones al lugar que destinen las fuerzas de seguridad.

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