Buscan que la Municipalidad priorice empresas estatales para la provisión de bienes y servicios

El proyecto apunta a contribuir a la capitalización de empresas estatales proveedoras de bienes y servicios, como el caso de Aerolíneas Argentinas, YPF o Correo Argentino, imponiéndolas como prioridad al momento de las contrataciones, siempre que las cotizaciones y comparativas precio-calidad resulten competitivas.

Así se dispone en un proyecto de ordenanza que tomará estado parlamentario durante la sesión ordinaria prevista para el jueves en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Se trata de un instrumento que establece que el Estado municipal priorizará para la contratación de bienes y servicios para su funcionamiento ordinario, a aquellos que sean provistos por empresas estatales, nacionales, provinciales o municipales, o sociedades con participación estatal a través de las distintas figuras societarias previstas por la ley.
En el contexto actual de crisis y por tratarse de fondos públicos que deben preservarse, la misma ordenanza determina que ese orden de prioridad "será de aplicación en tanto no exista diferencia sustancial de precio en la provisión de bienes y servicios por parte de empresas privadas que pudiese generar desmedro económico del erario público".
La normativa que se impulsa prevé por otra parte que los contratos ya celebrados y vigentes que establecen como proveedores a empresas privadas deberán respetarse hasta el término previsto, de modo que la prioridad hacia el sector publico aplicarán recién al momento de la renovación.
Mientras YPF es probablemente la primera empresa a la que el colectivo asocia con el Estado, hay que recordar también la existencia de Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino como otros proveedores.
En ese sentido, en los fundamentos de la ordenanza que impulsa Nicolás Caridi (FpV) se subraya que resulta fundamental -en aras de la subsistencia de dichas empresas, y a los fines de lograr los máximos objetivos del Estado-, que las mismas resulten competitivas financiera y productivamente.
Señala además que en las contrataciones entre entidades que revisten naturaleza pública importan en principio un uso más eficiente de los recursos públicos y que las contrataciones interadministrativas deben contribuir a mejorar la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos y la economía en el cumplimiento de los objetivos de las jurisdicciones y entidades del sector público, contribuyendo al mismo tiempo a la realización del interés general, cuya gestión incumbe al Estado.

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