Buzzi declaró como testigo

En la expropiación de la empresa pesquera Alpesca, Martín Buzzi priorizó la resolución de los conflictos sociales y el mantenimiento de las 20.500 toneladas de captura como cupo, por encima de los bienes de la firma. Es que lo que deslizó ayer el ex gobernador al declarar como testigo en el juicio que les sigue a cuatro ex funcionarios suyos, entre ellos la diputada Gabriela Dufour y el comodorense Omar Albornoz.

Ayer Martín Buzzi declaró como testigo en el marco del juicio oral y público contra cuatro integrantes del Comité de Administración creado por un decreto que llevó su firma en febrero de 2014. Se trata de la ex ministro de Desarrollo Territorial y actual diputada provincial Gabriela Dufour; y los ex funcionarios Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa.
Los cuatro están imputados del delito de "administración fraudulenta" por no haber tomado medidas que evitaran lo que finalmente ocurrió cuando una tormenta el 7 de abril de ese año destruyó los cabos con los que estaban amarrados al muelle Storni produciendo daños en los barcos y en el muelle hasta quedar finalmente varados en la costa, algunos de ellos con daños posteriores irreversibles.
Buzzi también calificó duramente a tres particulares que estuvieron al frente de la empresa antes de que se hiciera cargo de la misma el Estado provincial. Aseguró que la intención de su gestión fue que hubiera paz social en Puerto Madryn hasta encontrarle "una nova" a la empresa (en alusión a inversores privados que la pusieran en marcha manteniendo las fuentes de trabajo).
LOS PERMISOS
Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams le señalaron aspectos del decreto 180/14 mediante el cual se expropió la firma y en donde expresamente en algunos de sus artículos se refiere a las obligaciones de la empresa respecto del mantenimiento de los barcos de la flota.
El ex gobernador respondió que "a los barcos nadie los quería asegurar; los incluí en el decreto en función de mantener los permisos de pesca. El valor simbólico no es el barco, sino en función de la existencia de los permisos y el cupo de pesca, que en realidad era lo que nos interesaba mantener".
También se refirió a tres particulares que se hicieron cargo de la empresa entre los años 2010 y la intervención de la provincia en febrero de 2014. Dijo que la crisis de Alpesca había comenzado años antes. "Estuvo al frente la firma Alpargatas, luego una empresa canadiense y luego, hasta 2010 los capitales sudafricanos. Luego vino (Pedro) Baldino, después 'el Cura' (Omar) Segundo y luego (Federico) Otero y otros. No sabíamos quién era el dueño y Alpesca era un berenjenal. Este pasamanos era una cadena de insolventes e impresentables. Buscaban vender los permisos de pesca y logramos abortar tres intentos", dijo.
También hizo un resumen del contexto social que vivía la ciudad de Puerto Madryn, la que "se venía agravando desde hacía unos años atrás y estaba caracterizada por cortes de ruta, la Municipalidad rodeada por trabajadores, una mujer que se prendió fuego en el interior de la planta, cruceros que no querían entrar en la ciudad y las consecuencias sobre la actividad turística que ello acarrearía".
Respecto de Albornoz, Laborda y Novoa, Buzzi dijo que tenían la idoneidad "necesaria" aclarando que el trabajo de ellos era "en conjunto con la conducción de la propia empresa. Además la intervención era momentánea porque el objetivo principal era el de evitar la situación de conflicto en Madryn y buscarle 'una novia' a la empresa".
En la audiencia de ayer también declararon el prefecto mayor Víctor Duarte, el subprefecto Ricardo Segura, el ingeniero naval Miguel Angel De Gregorio y el ingeniero mecánico Oscar Saravia.
En su hipótesis de elevación a juicio, el fiscal Báez sostuvo que el Comité de Administración estaba notificado de que las embarcaciones de la ex Alpesca estaban a merced de las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal que ocurrió el 7 de abril de 2014 y provocó que los buques se soltaran del muelle y quedaran varados en la playa hasta la fecha.
"Los imputados estaban designados como cuidadores de los bienes y por su conducta se produjeron daños a la flota de Alpesca. Estaban en cabal conocimiento de los riesgos que corrían los buques y, pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación. Los buques terminaron tirados en la playa y a la fecha no se encuentran en condiciones de navegabilidad", afirmó el fiscal.
La audiencia continuará con más testigos el próximo martes.

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