Buzzi y Di Pierro, imputados por "incumplimiento y desobediencia"

La investigación judicial se originó en diciembre de 2007 por el litigio de un terreno en el barrio Industrial. El trámite pasó por distintos ámbitos hasta que Buzzi y Di Pierro, como intendentes de los últimos dos períodos, fueron imputados por incumplimiento de deberes de funcionario y desobediencia. En la audiencia preliminar ayer el juez Jorge Odorisio elevó la causa a juicio.

El 14 de diciembre de 2007 la Sala en lo Civil del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, dictó sentencia definitiva en relación a la causa: "Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia". El fallo puso fin a un largo litigio existente entre Dos Santos Pires y el municipio respecto al lote "E" de la manzana 65 del barrio Industrial.
En esa sentencia la justicia intimó al municipio a dictar en el término de cinco días la cesión de derechos del mencionado terreno a Delfor Martínez. "Si cumplidos la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de pesos quinientos ($500) por día de retraso y dará intervención a la justicia penal competente", indicaba el fallo.
En ese entonces, el ex intendente Martín Buzzi dictó las resoluciones en la que aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre Martínez y Dos Santos Pires. Así, resolvió otorgar el título de propiedad a favor de este último.
Sin perjuicio de ello, Buzzi resolvió en claro incumplimiento de la norma individual transcripta al inicio y de sus propias resoluciones mediante resolución 2.227/08, "suspender la ejecutoriedad de la resolución 1.108/08". La misma fue derogada mediante la resolución 2.457/09, "dando muestra cabal de la ilegitimidad manifiesta que evidenciaba esta desde su dictado", manifiesta la imputación.
Ante múltiples dictámenes de la Asesoría Letrada del municipio, Buzzi resolvió dejar sin efecto la reserva efectuada mediante resolución 2.068/92. A partir de allí nunca se dio cumplimiento a la sentencia del Superior Tribunal. Tanto Buzzi como su sucesor en la Intendencia Di Pierro, se negaron a ejecutar los mandatos legales.
Ante ese litigio se acumuló una mora durante los ejercicios 2012 ($4.400.000), 2013 ($ 2.500.000) y 2014 ($1.500.000). Esa deuda se mantiene en la actualidad.

A JUICIO

La audiencia preliminar se desarrolló ayer al mediodía en la Oficina Judicial por los delitos de "desobediencia judicial en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público", en calidad de coautores para Buzzi y Di Pierro.
El fiscal Héctor Iturrioz pidió que se eleve la causa a juicio para ambos acusados y estimó una pena de dos años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Buzzi, y de un año de prisión y el doble de inhabilitación para Di Pierro. "Hay elementos de convicción suficientes en la causa para proceder a la instancia de juicio", argumentó el fiscal.
Luego, la abogada querellante Luciana Ferreira adhirió a lo planteado por el fiscal. En cambio, Daniel López, defensor del ex gobernador, solicitó su sobreseimiento total y definitivo debido a que "no hubo incumplimiento" y el conflicto "viene de la década del '80".
Planteó la prescripción de la causa y la inexistencia de delito. El defensor además mencionó que Buzzi dictó una resolución en favor de Dos Santos Pires, "demostrando la voluntad del Ejecutivo por cumplir con la manda judicial".
En tanto, Oscar Herrera, defensor de Di Pierro, también planteó su sobreseimiento y la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. "La Fiscalía le atribuye a mi defendido un conflicto entre dos particulares atribuyéndole una conducta omisiva. Pero solo con mencionar la omisión no alcanza, hay que demostrar el dolo o la intención", aseguró. El magistrado, en su resolución, decidió elevar la causa a juicio oral y público.

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