Casanello envió a Pérez Corradi a juicio oral por lavado de dinero

El juez federal Sebastián Casanello involucró al detenido en una causa por operaciones hechas entre el 21 de abril y junio de 2008, cuando depositó cheques por 424.677 pesos, cuyo origen no pudo justificar.

El detenido Ibar Pérez Corradi fue enviado a juicio oral por lavado de dinero a raíz del cambio de cheques a empresarios involucrados en la llamada "mafia de los medicamentos", en una decisión tomada por el juez federal Sebastián Casanello.
Pérez Corradi está detenido en otra causa penal, por el triple crimen de General Rodríguez, en el marco de la cual está bajo un programa de protección de testigos e imputados, y por ello se lo trasladó a los tribunales de Retiro para su séptima indagatoria ante la jueza María Servini de Cubría, a cargo de esa causa.
Así lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello, quien dio por cerrada la fase instructoria de la investigación por depositar en su cuenta cheques de la droguería Multipharma, de Carlos Torres, y de la obra social bancaria (OSBA), cuyo titular era el sindicalista Juan José Zanola, dos de los principales acusados en esa megacausa.
Un total de 47 acusados por comercialización de productos medicinales vencidos o adulterados y falsificación de recetas y troqueles, serán juzgado a partir del 5 de diciembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal 5 de la ciudad de Buenos Aires.
Casanello lo envió a juicio oral en una causa por operaciones hechas entre el 21 de abril y junio de 2008, cuando depositó cheques por 424.677 pesos, cuyo origen no pudo justificar, aunque la investigación determinó que se trataba de valores de terceros.
El magistrado desechó el pedido de la defensa de Pérez Corradi de ampliar su declaración indagatoria por considerarlo una "maniobra dilatoria", tal como había dictaminado el fiscal Franco Picardi.
Pérez Corradi estuvo detenido por orden del juez Norberto Oyarbide, quien tuvo a su cargo la investigación iniciada en el segundo semestre del 2009 luego de una denuncia de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña.
Liberado por la Cámara Federal porteña a raíz de las dilaciones en el proceso, se profugó durante cuatro años para evadir la imputación de haber ordenado el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, sus presuntos competidores en el tráfico de efedrina.
A comienzos de julio último fue capturado en la zona de Triple Frontera del lado brasileño, trasladado a Paraguay y luego extraditado a la Argentina, donde fue incorporado al programa de protección de testigos, aunque en su declaración indagatoria ante la juez Maria Servini lleva más de cincuenta horas con escasas revelaciones.
Entre los que ya esta confirmado que serán juzgados figuran el ex sindicalista bancario Juan José Zanola; el ex superintendente de Servicio de Salud y recaudador de la campaña kirchnerista del 2007, Héctor Capaccioli, y los ex empresarios farmacéuticos Néstor Lorenzo (Droguería San Javier), Gabriel Britos (Global Pharmacy) y Torres (Multuipharma) .
También esperan juicio Solange Bellone, la viuda de droguero y el ex comisario y empresario farmacéutico José Luis Salerno, involucrado en el tráfico de efedrina que se investiga en otro juzgado.
Zanola y los drogueros que proveían de medicamentos a la quebrada obra social del gremio y al Policlínico Bancario (PoBA) estuvieron ya dos años presos.

LA CAUSA PRINCIPAL

La causa principal se articuló en torno a la operatoria en ese centro asistencial, por lo cual también estuvo detenida e irá a juicio oral la mujer de Zanola y la directora administrativa del Policlínico Bancario (PoBa), Paula Avalllay, sindicados como líderes de la presunta asociación ilícita que cometió fraudes mediante la provisión de medicamentos falsos a afiliados y adulteró troqueles de medicamentos para cobrar reintegros sin suministrar los tratamientos.
Néstor Lorenzo encabeza la causa 1.830, con sus colegas Brito, Torres y Bellone, en la que también esta encartado el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, el ex legislador Sebastián Gramajo y hasta al ex director del Banco de Productos Oncológicos del Ministerio de Salud, Roberto Loiácono, todos por defraudación en el marco de una asociación ilícita.
Juan Rinaldi, ex abogado del camionero Hugo Moyano que ascendió a la Administración de Programas Especiales (APE) que ordenaba los reintegros, en ese caso sin verificarlos, también será juzgado por violación a la Ley de Marcas (falsificación de medicamentos).

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