Cerca de 200 jueces de Chubut tienen embargos sobre las regalías petroleras

Los magistrados habían trabado embargos contra las cuentas provinciales ante un incumplimiento en el pago de un acuerdo de recomposición salarial, aunque la autorización a embargar las regalías petroleras ameritó una denuncia del Estado contra el conjuez interviniente en la que ningún magistrado quiere intervenir. Mientras la quita de los fondos públicos continúa, el Superior Tribunal de Justicia emitió una acordada fijando el porcentaje salarial con el que se cubre la recomposición por la que se llegó a los embargos, por lo que hay jueces -los que presentaron el recurso de ejecución- que cobran doblemente el ítem reclamado.

Una sentencia de 2012 -vinculada a un amparo presentado por los magistrados- estableció que debía recomponérseles el salario en proporción a la media patagónica, una medida que el fiscal de Estado, Miguel Montoya, definió como "extraña" al explicar que se trata de una cifra promedio entre provincias, "cuando cada provincia tiene la potestad de fijar salarios de acuerdo a los recursos que tiene y a la distribución de los distintos poderes".
En ese contexto, ese año se rubricó un acuerdo entre la provincia y los jueces reconociendo esa equiparación salarial con otras regiones del país y fijando un cronograma de pagos en cuatro cuotas semestrales.
La ruptura de ese plan de pagos determinó que cerca de 200 magistrados de la provincia trabaran embargos sobre las regalías petroleras, sumando a la fecha más de 70 millones de pesos en una medida que para Montoya es ilegítima (por los fondos que afecta) y sobre la que agregó que cada millón cobrado generó perjuicios por 3 ó 4, dado que es a esa cantidad de operadoras a las que se libran los mencionados embargos.
Así lo explicó Montoya ayer en diálogo con Radio del Mar, luego de que un diario del valle publicara los nombres de los magistrados que encabezan la lista de los cobros más sustanciosos, por montos que oscilan entre los 500.000 y 1.800.000 pesos.
Es que, según explicó, el mencionado acuerdo de pago de equiparación se efectuó retroactivo a enero de 2012, implicando tres cuotas subsiguientes, pagaderas en diciembre de ese año y junio y diciembre de 2013. "Este acuerdo fue contemporáneo con los hechos de Cerro Dragón, que disminuyeron los recursos del Estado en más de 50 millones de pesos, y eso derivó en el incumplimiento del pago del acuerdo" señaló, agregando que "como ponía en ejecución la sentencia, se transformó en un título ejecutivo mediante el que un grupo de magistrados empezó a trabar embargos sobre las cuentas del Estado".
El fiscal sostuvo que en cuanto los magistrados comenzaron a embargar las cuentas, se sancionó una ley poniendo tope de un millón de pesos a dichas ejecuciones, a fines de no afectar los recursos del Estado, y es allí cuando comienzan a embargarse las regalías.
"Nosotros nos opusimos en función de que las regalías tienen afectación en porcentaje a los municipios y otro a garantías de créditos de bonos del Estado. Esto está en apelación, pero mientras tanto siguen librando órdenes de pago, y por cada millón que se embarga causan un perjuicio de 3 ó 4 porque libran embargo a 3 ó 4 operadoras petroleras. Ante esto y las reiteradas apelaciones que hemos hecho, hemos denunciado ante el STJ por mal desempeño al doctor Freile (conjuez interviniente)" precisó, señalando que esa denuncia se derivó a la Cámara de Apelaciones de Comodoro, donde todos los jueces se fueron excusando, justamente por mantener litigio con la Provincia, con lo que la situación continúa sin resolverse.

DOBLE COBRO

Sin embargo, la situación no sólo tiene peso económico sobre las regalías, sino también sobre el pago de salarios mediante el que varios magistrados están cobrando doblemente el concepto que determinó el reclamo original.
Montoya planteó que el acuerdo original implicaba el pago 4 veces de la cifra equivalente al 10% del salario de diciembre de 2012, a valor histórico y sin intereses. No obstante, el STJ emitió una acordada en 2014 mediante el que otorgó -además de la paritaria anual- un 24% por recomposición tendiente a establecer la medida patagónica, cifra que hoy representa el 40% del salario de 2012 tomado como referencia.
En ese contexto, "un grupo de magistrados -y funcionarios judiciales plegados al reclamo - continúan haciendo las liquidaciones con fecha posterior a diciembre de 2012, cosa que consideramos ilegítima porque el acuerdo tenía corte en diciembre de 2013, y después de eso el sueldo promedio patagónico se recompuso por acordada del STJ, por lo tanto hay jueces que percibieron el aumento del STJ, y jueces que cobraron lo del STJ más la liquidación judicial (embargos) que nosotros entendemos que no están legitimadas" expuso.
Además, explicó que otra diferencia notable está dada en que en vez de liquidar los intereses sobre 4 veces el 10% del salario de diciembre de 2012, componen las cuotas en forma consecutiva, y abarcando los distintos aumentos de sueldo que recibieron. "Si el STJ sacara una acordada con más claridad que las que ha sacado, nosotros podríamos empezar a reclamar el recupero de ese dinero diferencial que percibe un grupo de magistrados respecto de otro grupo que no ejecutó la sentencia" reclamó.
Es que según planteó el ya mencionado acuerdo del 24% anual cubre esa deuda para equiparar salarios con la media patagónica, de modo que quienes hicieron liquidaciones a posteriori de esa fecha deberían incluso devolver dinero a la provincia.
En lo que a la denuncia por mal desempeño de funciones que pesa sobre el conjuez Freile, que como se mencionó no tiene resolución aún dilatando la situación, el fiscal de Estado explicó que "los recursos que ponen en riesgo la supervivencia del Estado no pueden ser afectados de esta manera irrazonable, es claramente un mal desempeño de la función de conjuez".

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