Chile buscará dictar una nueva Constitución para salir del modelo que le dejó Pinochet

Su ministro del Interior, Jorge Burgos sostuvo que el proceso es engorroso porque para que haya una Asamblea Constituyente que dicte la nueva Constitución, "hacen falta los dos tercios del Parlamento".

El ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, señaló que el gobierno de Michelle Bachelet tiene previsto "dictar una nueva Constitución en democracia", porque intentar aplicar reformas o enmiendas es prácticamente imposible de acuerdo con lo que establece la actual carta magna, heredada de la dictadura pinochetista.
El funcionario explicó que está en marcha un complejo proceso para "dictar una nueva Constitución en democracia", pero para hacerlo sólo hay un camino "institucional", es decir que no hay "una manera distinta a la que establece la propia Constitución" actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que no permite recurrir a un referendo.
"En consecuencia, tenemos que sortear altos quórum (en el Parlamento); habrá que hacerlo", porque -enfatizó- "no hay atajos", en alusión, precisamente, a consultas vinculantes al pueblo, el poder soberano, que habiliten la discusión de una nueva Constitución eludiendo lo que impone la actual.
En una entrevista con Télam en la embajada chilena de Buenos Aires, Burgos explicó que el único y largo camino que tendrá que atravesar su país si quiere "no reformar la Constitución de antes", es iniciar "la discusión de una nueva Constitución en democracia".
La primera de las "dos grandes vigas" a tener en cuenta, señaló, es "un proceso de participación de la gente a través de cabildos a nivel provincial. Hemos convocado a los chilenos a que participen en reuniones vecinales (en las que) desde la base (sepamos) lo que los y las chilenas piensan que debe ser una nueva Constitución".
"A eso lo vamos a acompañar de una serie de formalidades importantes: un consejo de asesores variopinto para seguir esa discusión, para que nadie pueda decir que tiene un sesgo ideológico, que sea trasparente y dé la seguridad y las garantías de que se pueden expresar las ideas sin ningún tipo de manipulación", precisó.
Recordó, eso sí, casi como una insistencia en el camino "institucional" definido, que se trata de "una participación no vinculante, pero que sí queremos que sea incidente".
"Eso es lo que la Presidenta (Bachelet) quiere que sea la planificación hasta fines de año, y después, en el próximo, enviar un proyecto con muchas de estas ideas mayoritarias que se discutan bajo procedimientos establecidos en los cabildos, y sistematizarlas con un grupo de asesores", explicó.
De este modo, dijo, se podrá enviar un proyecto al Parlamento, "probablemente no alcancemos al actual, sino al próximo (que se elija), para que se discuta sobre una nueva Constitución".
"La idea es que ese Parlamento sea debidamente habilitado para que pueda elegir si esta nueva Constitución se discute en la propia sede parlamentaria; si se discute, por ejemplo, en una instancia convocada al efecto, una Asamblea Constituyente, o que se discuta en una instancia bicameral", detalló el ministro.
Para que haya una Asamblea Constituyente que dicte la nueva Constitución, precisó que "hacen falta los dos tercios del Parlamento" y, abundó en los "altos quórum" exigidos, que "si lo hace el propio Legislativo, para algunos capítulos se requieren dos tercios, para otros cuatro séptimos".

PUEBLOS ORIGINARIOS
Consultado luego sobre la cuestión mapuche, que genera alta conflictividad en el sur chileno, reconoció que el gobierno tiene "conciencia plena que en materia de pueblos originarios, incluido allí el pueblo mapuche, que es el más masivo de los pueblos originarios chilenos, pero no el único, hay una cuestión pendiente".
"La sociedad chilena tiene un pendiente. Hemos hecho cosas a partir de los años 90, pero sigue habiendo un pendiente importante, destinado a crear condiciones de más integración de los pueblos originarios", reconoció.
Precisó que se trata de una cuestión aún no resuelta "desde el punto de vista del desarrollo; hay pendientes desde el punto de vista de la tierra, y desde el punto de vista institucional".
Recordó, respecto de la discusión de una nueva Constitución, que "es una buena oportunidad para establecer normas que aseguren ciertas cuotas parlamentarias, por ejemplo, destinadas a los pueblos originarios".
"Acabamos de mandar una nueva ley indígena, modificando la de los años 90, que está mucho más propuesta en base al Convenio 169 de Naciones Unidas (que establece los derechos de los pueblos originarios), y en esto vamos a seguir trabajando porque es necesario", aseguró.
Pero Burgos dijo que, más allá de esas deudas, "respecto de hechos de violencia, de delitos, para ser más francos, la reacción del gobierno es de combate al delito".
"A nosotros nos preocupa el hecho delictivo, no hacemos un distingo previo para ver cómo se combate un delito dependiendo de cuál es la condición del autor. Ese es un punto de vista frente al delito que no tiene espacio" en el gobierno, aseguró, en alusión a que la condición de mapuche o de reclamo de tierras ancestrales, nada cambia cuando hay violencia.
En consecuencia, dijo, "frente al delito de incendio de camiones, incendio de campos que hemos tenido, no hay atajos, sólo el combate a través de nuestra policía y de los instrumentos del Estado de derecho".
Insistió en que "frente a aquellos que eventualmente creen que el camino es la comisión de delitos, no va a haber otra respuesta que el combate al delito".

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