Comenzó la investigación contra ex directivos de la Asociación Sarmientina de Automovilismo

El juez Alejandro Rosales formalizó ayer la investigación contra dos ex integrantes de la comisión directiva de la Asociación Sarmientina de Automovilismo. Daniela Molina, ex presidenta, fue imputada como presunta autora del delito de administración infiel, en concurso real con fraude contra la administración pública. En tanto, Violeta del Carmen Haro Díaz, ex tesorera, será investigada por el delito de administración infiel. La parte acusadora obtuvo un plazo de seis meses para finalizar su investigación penal.

En la sala de audiencias 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló ayer la apertura de investigación por una presunta administración fraudulenta en la Asociación Sarmientina de Automovilismo (ASA).
El acto judicial fue presidido por el juez Alejandro Rosales. Mientras que el Ministerio Público Fiscal, estuvo representado por Julio Herrera, acompañado por el actual presidente de ASA, Juan Carlos Perry. Las imputadas Daniela Molina (48) y Violeta Haro Díaz (50), en tanto, fueron asesoradas por el abogado Gustavo Oyarzún.
En esta oportunidad, Herrera explicó que entre agosto de 2014 y mayo de 2015, Daniela Molina y Violeta del Carmen Haro Díaz, en carácter de presidente y tesorera del organismo, respectivamente, percibieron la suma de 360 mil pesos por parte del Gobierno provincial.
Estos fondos estaban destinados a la obra "Convenio de Infraestructura. Construcción Sede Social". Sin embargo, según los investigadores, Molina y Haro Díaz no destinaron la totalidad del dinero a las obras comprometidas, provocando un daño patrimonial a la asociación que representaban, y violando los deberes confiados.
Para argumentar esto el fiscal en la audiencia se refirió al incumplimiento al que habría incurrido Molina, ya que por el cargo que desempañaba estaba obligada a presentar documentación y rendiciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, pero no lo hizo.
En este sentido, Herrera explicó que la ex titular de la organización presentó distintas documentaciones a esos fines, pero omitió la presentación de otras acreditaciones. De esta forma, sólo rindió cuentas por una suma de 55.868 pesos y no subsanó las observaciones formuladas por 137.729 pesos, ya que el órgano contralor había requerido a Molina los comprobantes de notas de pedido, remitos, presupuestos, recibos sin membrete, recibos oficiales de ASA, pero no se acreditó ningún pago.
Asimismo, el representante de Fiscalía sostuvo que el profesional que acompañó al proyecto "Modelo de Licitación para Autódromo ASA", indicaba en detalle minucioso las conductas que debían llevar a cabo los imputados a fin de efectuar las obras. Principalmente, la obligación de requerir facturas para ello.

BOLETAS FALSAS
Posteriormente, la ex titular de ASA intentó justificar los egresos de dinero con la presentación de distinta documentación. En este contexto, entregó facturas de refacción de sanitarios, en concepto de metros lineales de paredón, compra de artículos de limpieza, compra de trofeos y trabajos de ploteados. Sin embargo, ninguno de estos recibos correspondía con el destino del dinero para la obra en cuestión.
La imputada también trató de rendir gastos aportando recibos sin membrete y no acreditando a que obra habían sido destinados los pagos. Aunque todos los recibos descriptos se refieren al paredón y no a la obra investigada.
El último punto lo detalló Herrera: una documentación referida a los trámites efectuados desde el 21 de abril de 2014 cuando se firmó un "Convenio de Infraestructura" entre el Gobierno provincial, representada en ese momento por el ex gobernador Martín Buzzi, y la Asociación Sarmientina de Automovilismo que conducida Juan Gonzalo Gonzales Lema.
Teniendo en cuenta todos estos puntos, la Fiscalía requirió seis meses para culminar su investigación y sobre la calificación legal provisoria escogida señaló que Molina debe ser investigada como presunta co autora del delito de administración infiel, en concurso real con fraude y en perjuicio de la Administración Pública. Mientras que para Haro Díaz se pidió la imputación por el delito de administración infiel.
En tanto, el defensor de las imputadas, Gustavo Oyarzún, no realizó objeciones a la apertura de investigación, como tampoco al plazo requerido en función de la cantidad de documentación que debe ser analizada.
Así, Rosales concedió los pedidos de la Fiscalía manteniendo las calificaciones legales contra las imputadas y otorgando el plazo de seis meses para que el Ministerio Publico Fiscal finalice su investigación preparatoria de juicio.

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