Concejales debatieron sobre los despidos de Tecpetrol y la crisis petrolera

Los ediles esgrimieron posiciones en defensa de los 200 trabajadores despedidos por la operadora y hubo expresiones cruzadas sobre las responsabilidades de cada gobierno y un pedido común de defensa de los intereses regionales y la comunidad.

Durante la hora de preferencia, le conflicto generado por la operadora Tecpetrol, con el despido de 200 trabajadores petroleros fue el punto de debate entre los bloques. La primera en expresarse fue justamente la referente del sector, Sirley García, quien se mostró muy afligida por la situación que "se suma a la ola de telegramas de despidos que se repiten en la cuenca". La edil del FpV defenestró las "políticas del gobierno nacional que desde el inicio tomaron represalia con los trabajadores. Se ataca al movimiento obrero, a entidades gremiales. Tenemos que escuchar a funcionarios nacionales diciendo que los trabajadores deben renunciar a privilegios, sabiendo que son grandes luchas".

Acto seguido, el presidente del bloque Cambiemos, José Gaspar, defendió al gobierno nacional y cargó contra el provincial. "No se puede echar la culpa al gobierno nacional. La máxima responsabilidad la tiene la Provincia que es la que negocia los contratos petroleros. Tecpetrol se agarra de lo que tiene firmado y lo que le permiten hacer los contratos", señaló. Al mismo tiempo, reconoció que sí es necesario realizar otros cuestionamientos hacia el gobierno central: ¿Por qué no se le da el mismo valor a la cuenca que a Vaca Muerta, eso sí lo voy a discutir, pero no le echen la culpa a nación de lo que acuerda la provincia con las empresas. Tenemos que pelear sin bandera política para tener más concesiones como el precio del gas."

Su compañero de bancada, Pablo Martínez, advirtió que "esta realidad se venía maquillando. Acá hubo contratos que beneficiaban a una sola parte: el que explota el recurso y acompañaban porque una parte iba a las arcas de sindicatos y Estado. Acá hay responsabilidades compartidas. Esto es cíclico y si no aprendemos, difícilmente podremos dejarle una ciudad económicamente sustentable a nuestros hijos".

Por su parte, Guillermo Almirón (FpV), resumió que "el rol fundamental del Estado es intervenir entre las partes cuando hay un conflicto. Tenemos la obligación por Carta Orgánica de bregar por la reparación histórica y compensación de equidad. Cuando se trata de la economía regional en su conjunto, de flexibilización laboral". Y cuestionó: ¿Qué piensan? ¿Que 200 personas van a ser despedidas y se van a ir a la casa? Una sociedad los va a defender porque no es la única medida: empezó el goteo, los retiros. La economía regional completa se resiente y los ingresos del Estado ni hablar".

Para terminar con la discusión de culpabilidades, el edil del FpV, pidió que "no hablemos de responsabilidades sino del rol que tiene que cumplir el Estado, porque les toca gobernar a ellos. El eje pasa por ahí, no por el cruce de responsabilidades. Les toca gobernar y problemas laborales hubo siempre, pero en el gobierno anterior al menos había una actitud para solucionarlo". Y reclamó acción por parte de los gobiernos para evitar los despidos, al punto que recordó las épocas de "vacas gordas": "¿Se acuerdan cuando nos decían la "Kuwait" de la Patagonia? Con un barril a 130 dólares. Con esa recaudación exponencial del gobierno provincial, duplicamos la cantidad de masa salarial que hoy responde a 20 mil millones de pesos. Al principio hubo algo de inversión y después del quedó chico el molde, por eso Comodoro nunca tuvo reparación histórica". Y finalizó diciendo que "hay que poner presión para que esto se resuelva porque el Estado tiene que intervenir obligatoriamente, no el resignarnos a los despidos".

En otro orden de temas, durante la hora de preferencia Sampaoli, exdirector de Anses, se sumó al debate por un posible aumento de la edad jubilatoria: "apuntarle al sistema previsional con la edad es siempre cortar el hilo por lo más delgado. Hay muchas variables que se pueden hacer antes que eso". En tanto, el concejal Gaspar repudió los hechos de violencia por el cual se acusa al grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Por su parte, el concejal de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, solicitó reiterar la convocatoria al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán para que concurra al recinto.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Se aprobó un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo en base a un convenio firmado entre la Municipalidad y el Ministerio de Modernización de la Nación, para cooperación y asistencia técnica para la reformar y modernización del Estado, en cuanto a lo administrativo, tecnológico y gestión de interés.

PAYAMÉDICOS

Se declaró de interés municipal el taller de capacitación y actualización teórico-vivencial de payamédicos. Se trata de un proyecto que redactó el concejal Nicolás Caridi en apoyo a la tarea de los payamédicos, luego de reunirse con algunos de sus referentes. Mediante los cursos, buscan difundir su tarea y convocar a nuevos aspirantes.

Paralelamente, el concejal planteó generar agenda en conjunto entre los payamédicos y la Secretaría de Salud municipal, como campañas de vacunación, higiene bucal, alimentación saludable. "La idea es empezar a incorporarlos en distintas actividades de salud en los barrios. Trabajar en lo que es prevención de salud y entiendo que estos talleres sociopreventivos tienen que ver con eso. Se bsuca difundir para que comodoro tenga más voluntarios", resaltó el edil del FpV.

INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se aprobó un proyecto del concejal de Cambiemos, Pablo Martínez, para que el Estado municipal, entendiéndose por él los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y empresas privadas concesionarias de servicios públicos, estén obligados a emplear personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el puesto en una proporción no inferior al 4% de la totalidad del personal y establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados únicamente por ellos.

Martínez explicó que "se establece un porcentaje mínimo para todos los entes del Estado y se otorga un plazo de 120 días para presupuestarlo en 2018". En sus fundamentos, argumentó que "el Estado debe fomentar la creación de oportunidades que sean espacios reales de desenvolvimiento ocupacional de personas con discapacidad".

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario


Las Más Leídas del Patagónico