Consideran "regresivo" el fallo que habilita a la policía a pedir documentos

"Para nosotros es un fallo que no toma en cuenta la ley 23.950 que reformó la Ley orgánica de la Policía Federal, el fallo de la Comisión Interamericana de derechos Humanos por el Caso Bulacio, ni la jurisprudencia" local, explicó Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del CELS.

Integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, activistas y académicos coincidieron en que el fallo que faculta a la policía a pedir en la Ciudad el DNI a personas en la vía pública para su identificación, aún cuando no haya motivos de sospecha, es "regresivo" porque "convalida y habilita" prácticas arbitrarias y discriminatorias, ignorando "toda la jurisprudencia" que puso límites a ese accionar.
"Para nosotros es un fallo muy regresivo porque retrocede en lo que han sido las discusiones sobre las facultades policiales de detención y averiguación de identidad, sin tomar en cuenta la ley 23.950 que reformó la Ley orgánica de la Policía Federal, el fallo de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) por el Caso Bulacio, ni la jurisprudencia" local, explicó a Télam Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del CELS.
La especialista se refirió así al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (Tsjcba) conocido el miércoles, que revocó fallos de las instancias anteriores del fuero Penal y Contravencional y consideró como una facultad policial pedir documentos personales para identificar a personas.
Para la abogada, todos estos antecedentes "ya marcaban límites" y "regulaban" el ejercicio de las facultades policiales, en particular la ley 23.950 que "le permite a la policía detener para averiguación de identidad mientras exista sospecha y la persona no logre acreditar fehacientemente su identidad".
"El fallo hace de cuenta que esa facultad no existe ya y habilita a detener sin que se cumpla el requisito de la sospecha, basado en la idea de que los policías tienen facultades implícitas derivadas de su función de prevenir el delito", agregó.
La letrada recalcó que a pesar de las normas, los tratados internacionales con rango constitucional y la jurisprudencia que intentaron limitar las que han sido "históricamente prácticas de la Federal", éstas se continuaron produciendo en determinadas circunstancias y "el fallo del Tribunal superior viene ahora a convalidarlas".
Puntualmente, Litvachky advirtió que "estas detenciones afectan fundamentalmente a grupos vulnerables", como los jóvenes de barrios populares, los vendedores callejeros, los migrantes y las personas trans.
Por su parte, el coordinador del Programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, Pablo Ceriani Cernadas, aseguró que el fallo del TSJCBA "genera preocupación" porque si bien la policía "no tiene facultades de control migratorio", hay evidencias de "discriminación" hacia los trabajadores migrantes en las "prácticas cotidianas de la policía federal en el ámbito de la Ciudad", que podrían verse ahora agravadas.
Por otro lado, el especialista recordó que un estudio del INADI demostró que a pesar de que los inmigrantes representan sólo el 4 por ciento de la población porteña, el 55 por ciento de las detenciones por averiguación de antecedentes recaen sobre ellos.
Por su parte, la activista trans y presidenta de la Cooperativa de Arte Trans, Daniela Ruiz, cuestionó el fallo judicial por considerar que "da mucho lugar la subjetividad policial", poniendo en riesgo a una comunidad que históricamente ha sufrido "el abuso y la persecución" de esta fuerza.
"Somos las más vulnerables en virtud de que nuestros cuerpos, nuestros rostros, nuestra identidad quizás no se condice con el pensamiento de lo que un policía considera que debemos o podemos ser: nunca somos vistas como ciudadanas comunes, sino como sospechosas de ser chorros, vender droga o ejercer la prostitución", sostuvo.

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