Cristina habló de persecución y apuntó contra el Gobierno: "me quieren proscribir"

"Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. Como hicieron con Lula (da Silva en Brasil). Es una maniobra a nivel regional. Acá en el país para tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina", sostuvo la ex mandataria.

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner consideró ayer "un disparate mayúsculo" y una "maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático" la causa judicial que investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz en favor del detenido empresario Lázaro Báez. "Me quieren proscribir", añadió
Así lo afirmó en declaraciones a la prensa tras retirarse de los tribunales federales de Comodoro Py, donde prestó declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini.
"Es un disparate mayúsculo. Estamos pidiendo la nulidad", dijo la mandataria al confirmar que durante su presentación ante el magistrado pidió la realización de "una auditoría general" de las obras públicas y planteó la nulidad de su indagatoria.
"Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. Como hicieron con Lula (da Silva en Brasil). Es una maniobra a nivel regional. Acá en el país para tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina", sostuvo la ex mandataria.
Para Cristina, el gobierno de Mauricio Macri "busca tapar el sol con la mano y tratan de esconder lo que es un verdadero desastre". "Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o gas", aseveró.
En sus declaraciones ante la prensa, la ex jefa de Estado señaló que la obra pública durante su gestión fue "aprobada por la Auditoría General de la Nación y la comisión revisora de cuentas del Parlamento", con lo cual consideró un "disparate" pretender asociar su gobierno a una "asociación ilícita".

"CAUSA RIDICULA"

Cristina enumeró la serie de argumentos errados que sostienen la causa judicial en su contra, en base a los cuales calificó "ridículo" el avance de la investigación. En primer lugar, la ex mandataria señaló que se califica como "asociación ilícita" a "un gobierno elegido en las urnas". Luego aclaró que los fondos de las obras públicas fueron "votados por el Congreso Nacional", agregó que desde 1994 son "las provincias las que llaman a licitación".
Además, la ex mandataria resaltó que en el escrito que presentó ante Ercolini solicitó la ampliación de la investigación: "No es que no queremos que se investigue. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública". Acto seguido, Cristina destacó que el empresario Angelo Calcaterra, primo de Macri, fue uno de los que más fondos de obra pública recibió durante su gestión, e indicó que en varias obras lo hizo asociado con Báez.
"No puede ser que se revisen sólo los fondos asignados en una provincia y a una empresa", advirtió la ex mandataria, quien agregó que no es "amiga ni socia comercial de Lázaro Báez", y que durante su gobierno se "duplicaron las empresas de obra pública" para desarrollar las obras en todo el país.
Respecto de Calcaterra, Cristina agregó que el pliego para el soterramiento de las vías del tren Sarmiento -obra asignada a Iecsa, empresa del primo de Macri- venía desde su gestión, pero la gestión de Cambiemos modificó el punto que indicaba que la obra se realizaría con financiamiento internacional para que sea el Estado el que financie la obra, "que, por supuesto, se cuidaron de que no lo firmara Macri", aclaró. "Que se investigue el favorecimiento a Iecsa", reclamó.
Por último, la ex presidenta aseguró que la causa judicial en su contra busca "la difamación, proscripción y estigmatización de un movimiento político" e indicó que "existe una "persecución judicial de todos aquellos candidatos que pueden poner en riesgo los resultados de las próximas elecciones legislativa", de 2017.

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