Cuestionamientos de la oposición tras el decreto de designación de jueces

El decreto que promovió a los juristas "en comisión" fue rechazado por los ex candidatos presidenciales Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal).

La designación por decreto del presidente Mauricio Macri de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para integrar la Corte Suprema generó el rechazo de la oposición y de algunos dirigentes de Cambiemos y posiciones encontradas entre los juristas y constitucionalistas, mientras que los miembros del máximo tribunal recibieron con beneplácito la decisión del mandatario.
Durante el brindis de fin de año en el Palacio de Justicia, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, afirmó que Rosatti y Rosenkrantz son "dos juristas de prestigio" con formación académica y por ello "son bienvenidos".
Si bien aseguró que los supremos trataron "el tema en el acuerdo de esta mañana (ayer)" y expresaron su "beneplácito" por las personas designadas, Lorenzetti sostuvo que "no fuimos ni debemos ser consultados" sobre el modo de designación porque se trata de una decisión "ajena" a la función de la Corte.
Sin embargo, el decreto que promovió a los juristas "en comisión" fue rechazado por los ex candidatos presidenciales Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal).
Mientras que el puntano dijo estar "sorprendido" y la diputada habló de "una situación de enorme retroceso", Massa calificó la decisión como "horrible" y dijo que espera que el Presidente "revea el error, mande los pliegos al Senado, porque será un gesto de respeto al Congreso".
Por su parte, el ex gobernador de Córdoba y socio político de Massa, José Manuel De la Sota, afirmó que la República "no se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto".
La decisión de Macri también recogió el rechazo de los titulares de los bloques parlamentarios del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto (Senado) y Héctor Recalde (Diputados).
Pichetto describió como "un grave error" el decreto presidencial y pidió que Macri "recapacite" y envíe los pliegos "a la comisión de acuerdos del Senado, que es donde debe ser tratado", mientras que Recalde expresó que la decisión presidencial "genera inseguridad jurídica" y que "bastaba con ampliar las sesiones extraordinarias en el Senado para poder cubrir los cargos, o que la Corte Suprema nombre conjueces".
Desde el Gobierno, la vicepresidenta Gabriela Michetti defendió la iniciativa y dijo que el decreto está "ajustado a la Constitución" y que "no elude al Parlamento" porque los magistrados "serán miembros definitivos de la Corte" si el Congreso "así lo decide".
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que "es un mecanismo que prevé la Constitución Nacional" para casos en que el Congreso está en receso, y recordó que se trataba de "un pedido" expreso de Lorenzetti luego de que la Corte quedara reducida a sólo tres miembros.
Desde el radicalismo, socio principal del PRO en Cambiemos, Ernesto Sanz respaldó la decisión de Macri porque dijo que "es legítima, legal, constitucional, necesaria y a pedido de la Corte"; sin embargo, otras voces de la UCR mostraron diferencias.
El diputado Ricardo Alfonsín destacó que "la manera, aunque sea legal, deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política", mientras que el senador Julio Cobos tildó de "innecesario" el decreto y sostuvo que "lo adecuado hubiera sido convocar a sesiones extraordinarias".
El método de designación de Rosatti y Rosenkrantz dividió también las aguas entre juristas y constitucionalistas.

JURISTAS
DIVIDIDOS
El fiscal general y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz, opinó que "es una facultad que la Constitución prevé y que el Presidente puede ejercer", en coincidencia con el abogado constitucionalista Félix Loñ, quien dijo que Macri "puede" nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia "mientras el Congreso está en receso".
En cambio, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, calificó como "un abuso de autoridad" a la medida, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay la consideró "un error político descomunal" y sugirió que Macri "todavía está a tiempo de volver atrás", lo que mostraría "una grandeza" de su parte; y el también constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que "no hay ningún motivo de excepcionalidad que justifique" el decreto.

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