Declaraciones juradas de Macri: ordenan peritaje comparativo

El juez federal Sebastián Casanello ordenó un peritaje comparativo de las Declaraciones Juradas de Mauricio Macri desde 2013 al 2015 para comprobar si hay inconsistencias o datos omitidos sobre su valuación patrimonial real.

Sebastián Casanello, juez federal, aceptó este miércoles un pedido del fiscal federal Federico Delgado del 8 junio, quien había recomendado analizar en detalle las documentaciones de Macri presentadas ante la Oficina Anticorrupción y la ciudad de Buenos Aires cuando fue Jefe de Gobierno porteño.

En el marco del caso de los Panamá Papers, Delgado solicitó que un grupo de expertos realice un informe sobre las DDJJ y sugirió que sea realizado por los profesionales de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la carrera de sociología, o de la Universidad Torcuato Di Tella, "altamente capacitados en metodología", según el fiscal.

"Tras esa tarea recién será posible ingresar en la otra discusión que propone el denunciante (sobre omisión maliciosa de declaración de bienes). Esto es, la que tiene que ver con valuaciones de inmuebles, porcentaje y valor de acciones, bienes en el exterior; es decir, con el contenido de los formularios. Esta actividad es propia de los contadores", sostuvo el fiscal en su dictamen.

Casanello habría instruido el peritaje a especialistas de la OA que dirige la exdiputada macrista Laura Alonso y a la oficina de Ética Pública del gobierno porteño, que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Esos organismo tendrían un plazo máximo de 10 días para emitir una opinión connjunta sobre la presunta irregularidad. Además, deberán informar si al mandatario se le exigió información complementaria que permanece oculta en alguna de las dos oficinas.

La investigación intenta determinar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de declaración de bienes al no presentar en su DDJJ, ser supuestamente director de las firmas offshore Fleg Trading LTD, con domilicio en Saffrey Square suite 205 Bank Lane, Nassau, Bahamas, y Kagemusha, de Panamá.

En un dictamen de semanas atrás, la fiscalía negó que se esté llevando a cabo una "incursión de pesca", esto es la búsqueda de algún delito sin estar determinado el objeto de la causa, pero se reconoció que con el avance del caso van apareciendo múltiples sociedades. "No sumamos sociedades ni fuimos de pesca", sostuvo la fiscalía, al remarcar que solo se intenta determinar la "vida social" de las dos firmas offshore investigadas.

Las declaraciones juradas que se cotejarán son en el marco de la ampliación en su denuncia que hizo el diputado Darío Martínez, sobre distintos bienes presentados por Macri.

Otras de las medidas recomendadas por Delgado a Casanello fueron requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un "amplio informe" sobre las dos offshore en cuyo directorio figura el Presidente y las DDJJ presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto a otro detalle sobre qué sujetos están obligados a declarar este tipo de sociedades.

En la causa, el juez ya tomó declaración testimonial al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación denominada Panamá Papers, y a la abogada Silvina Martínez, integrante de los equipos técnicos de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras destinadas al lavado de dinero.

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