Defensor público apeló intimación de desalojo a ocupantes ilegales de casas

Quedaron en suspenso las masivas notificaciones que iban a distribuirse el fin de semana en esta ciudad a través de la policía y por las cuales se intimaría a centenares de familias a desalojar las viviendas de planes oficiales que ocuparon ilegalmente.

Caleta Olivia (agencia)
Ello se debió a que el titular de la Defensoría Pública N° 2, Walter Alfredo Martínez, apeló la cautelar del juez de instrucción, Mario Albarrán, y ahora habrá que esperar una resolución del juez de Recursos, Miguel Angel Meyer.
Martínez disiente con la resolución de Albarrán porque considera que no existe el delito de usurpación, sino que se está ante una problemática social que excede la cuestión penal.
El defensor se muestra reticente a la faz mediática, pero igualmente su postura trascendió a través de fuentes confiables contactadas por El Patagónico y en ese contexto se dijo que, en términos legales, ninguna de las familias que ocuparon viviendas está imputada en el delito de usurpación.
Desde su punto de vista, las denuncias que hicieron por separado tanto el municipio local como el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IDUV), no alcanzan para fundamentar una causa de usurpación ya que no se tuvo en cuenta que las viviendas en cuestión estuvieron abandonadas por mucho tiempo al haberse paralizado su construcción.
Además, infiere que nadie actuó de manera violenta porque no se le quitaron casas a otras familias ya que nadie vivía en ellas, e incluso muchas de esas construcciones no tenían puertas ni ventanas y hasta en algunos casos, techos.

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<div>El defensor oficial, Walter Martínez, apeló la resolución del juez de instrucción y por ahora se frenaron las intimaciones.</div><div><br></div>
El defensor oficial, Walter Martínez, apeló la resolución del juez de instrucción y por ahora se frenaron las intimaciones.


NADIE ESTA IMPUTADO
Hay que recordar que el fiscal de la causa, Martín Sedán, sugirió al juez Albarrán que se aplique el artículo 222 del Código Penal que atribuye facultades a la justicia para actuar en este tipo de casos de manera inmediata, sin juicio previo.
Sin embargo, Martínez evalúa que en esa causa hay cientos de familias a las que ni siquiera se las llamó a prestar declaración indagatoria porque de hecho ni siquiera están imputadas formalmente en delito alguno.
En ese marco, se presupone que hay mucha gente que puede argumentar que son titulares de las casas porque estaban en listas de pre-adjudicatarios.
Por otra parte, El Patagónico pudo establecer que el pedido de apelación aún no llegó a manos del juez de Recursos, Miguel Angel Meyer, quien deberá resolver si rechaza las intimaciones dispuestas por Albarrán; o por el contrario la postura de Martínez.
Pero el defensor incluso está avanzando en otro plano de este problema social y se sabe que ya presentó un recurso de amparo ante otro juzgado, el Civil que se encuentra a cargo de Horacio Islas.
Específicamente se sabe que intercedió ante ese magistrado para que las familias que ocuparon las viviendas puedan contar con servicios básicos, como gas, electricidad, agua potable y recolección de residuos.
A esto lo enmarca dentro del contexto de los Derechos Humanos ya que considera que los mismos están por encima de cualquier código u ordenanza, teniendo en cuenta que nuestro país adhirió a normativas internacionales en esa materia.
A modo de ejemplo, evalúa que no son válidas las excusas de la empresa Servicios Públicos para cortar el servicio de electricidad, como ocurrió hace pocos días, ya que ello mismo hace que muchos ocupantes de las viviendas tengan que utilizar braseros, lo cual genera situaciones de peligro y problemas de salud, sobre todo cuando hay niños.
Con todo, Martínez procura ponerse del lado de las familias que no tienen recursos para pagar un abogado particular y asume el rol de una especie de estudio jurídico que paga el Estado, ya que las defensorías oficiales constituyen un logro de la Justicia argentina, dado que son inexistentes en muchos otros países.

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