Demoraron a 45 adolescentes en una nueva fiesta clandestina en Rada Tilly

Más de 100 personas ayer a la madrugada participaban de una fiesta en la que se cobraba entrada y se vendía alcohol, cuando personal policial de la villa balnearia junto a la Guardia Urbana irrumpieron en el salón del CIRSE, detectando que se realizaba en forma clandestina. En su interior fueron demorados 30 menores de edad, muchos consumiendo alcohol, informaron desde la dependencia policial.

Trescientos pesos la entrada con una consumición; un sello en la mano para poder entrar y salir como se solía hacer en los boliches de la década del 90; y venta de bebidas alcohólicas a menores fueron algunas de las situaciones que se detectaron en una nueva fiesta clandestina que se realizó en el salón del Cirse en Rada Tilly.
Tal como aquella noche del 20 de septiembre, cuando 30 menores fueron demorados y restituidos a sus padres, otra vez se detectó la presencia de menores. Según confirmó el comisario Andrés García, titular de seccional de esa ciudad, que efectuó el operativo junto a la Guardia Urbana, fueron 45 los menores demorados, muchos de ellos ingiriendo alcohol o bajo sus efectos.
El procedimiento se realizó ayer alrededor de las 1:30. La gran cantidad de jóvenes que caminaban por la zona, además de una larga fila de gente en el ingreso, fueron los indicios suficientes para tomar nota de que algo fuera de lo común estaba pasando.
Así, cuando los agentes llegaron a verificar se encontraron con que la fiesta se realizaba en forma clandestina, por lo que se dio intervención al juez de Faltas de Rada Tilly, Enrique Clark, y a la asesoría de Familia que dispuso la restitución de los menores a sus padres.

UN CUMPLEAÑOS
Según explicó el comisario, a diferencia del encuentro de septiembre, esta vez los dueños del salón del Cirse se protegieron de la infracción. Es que según constataba en un contrato de alquiler que habían realizado previamente, con asesoramiento de un abogado, el salón había sido arrendado para la celebración de un cumpleaños. Pero el contrato estipulaba que no se podían vender bebidas alcohólicas ni aceptar la presencia de menores de edad, lo cual no se cumplió.
Según informaron las fuentes consultadas, fue Juan Carlos Herrera, con domicilio en Kilómetro 8, quien se hizo responsable del alquiler, en teoría para su hijo Nicolás Herrera, a quien finalmente se le labró una multa y se le secuestraron un freezer y una barra móvil, con la cual habitualmente prestaría servicios de este tipo.

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