Denuncian por prevaricato a los jueces de la Corte que dieron el "2x1" a un represor

En su presentación, el letrado Marcelo Parrilli pidió que se investigue a los jueces por prevaricato, que pena con multas e inhabilitación absoluta y perpetua a los jueces que dictaran resoluciones contrarias a las leyes.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco fueron denunciados por "prevaricato" por fallar a favor de aplicar el beneficio del "2x1" al represor Luis Muiña.
La denuncia es por el delito de "prevaricato" y fue formulada por el abogado Marcelo Parrilli contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
Con la firma de los tres jueces denunciados, la Corte avaló la semana pasada la aplicación del "2x1" al represor condenado Luis Muiña, lo que fue severamente cuestionado desde distintos sectores.
En su denuncia, el letrado pidió que se investigue a los jueces por prevaricato, que pena con multas e inhabilitación absoluta y perpetua a los jueces que dictaran resoluciones contrarias a las leyes. En la presentación se advierte sobre los supuestos "fuertes vínculos" de los tres jueces denunciados con el Gobierno nacional.
Por otro lado, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó a la Corte Suprema de Justicia a tener en cuenta "los estándares internacionales de derechos humanos" y a cumplir "los compromisos asumidos a nivel internacional" al referirse al fallo que declaró aplicable el derogado beneficio del 2 x 1 para un represor.
"La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad", señaló al respecto el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado que divulgó ayer la oficina con sede en Santiago de Chile. Allí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que "el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional".
En este sentido, Incalcaterra expresó que la Corte debe considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en el sentido de "no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional". Incalcaterra recordó que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, -ratificada por Argentina en 1995 y que goza de jerarquía constitucional-, sumada al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que "estos delitos son imprescriptibles", a la vez que "instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas".
"Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional", aseveró el representante del Acnudh.
Al respecto, Incalcaterra recordó que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece las condiciones para aplicar posibles reducciones de pena o el otorgamiento de beneficios ante crímenes de lesa humanidad, en su artículo 110.
En este sentido, subrayó que el derecho a la verdad, la Justicia y la reparación "son derechos humanos reconocidos internacionalmente", y "han sido objeto de recomendaciones al Estado argentino por parte de mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas".

SUSPENDER EL FALLO
El abogado Daniel Igolnicov presentó un recurso revocatorio "in extremis" ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspenda la aplicación del polémico fallo que habilita la reducción de las penas conocida como 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Según supo ámbito.com, Igolnicov presentó un escrito ayer a primera hora en la mesa de entrada del máximo tribunal, a la espera que sea "revocada" la decisión adoptada el miércoles pasado.
La resolución de la Corte benefició con el cómputo de 2x1 al genocida Luis Muiña, de 61 años, quien había sido condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos. La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo al caso de Muiña y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna. Esa interpretación fue rechazada por Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los otros dos miembros de la Corte. Así, se declaró aplicable la ley 24.390 (el 2x1), que estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

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