Denuncian que un fiscal ignoró apremios y torturas en El Maitén

Se trata del fiscal General Carlos Díaz Mayer, quien tomó intervención en la detención de siete activistas mapuches durante la represión que se produjo el 10 de enero en el desalojo del Lof de Resistencia Cushamen. El propio fiscal admitió haber estado en la comisaría donde tuvieron lugar los apremios que denuncian las víctimas. "El estaba a centímetros de donde ocurrió todo", señaló el abogado defensor Edgardo Manosalva, defensor particular de algunos de los que podrían ir a juicio.

El martes 10 de enero, personal de Gendarmería Nacional reprimió a integrantes del Lof de Resistencia Cushamen en Leleque. El intento de desalojo, ordenado por la Justicia Federal, terminó con dos heridos -uno con traumatismo de cráneo y otro con una fractura en la mandíbula-, además de siete detenidos en otro hecho que fue calificado como abigeato, en el cual se denunciaron torturas y apremios, en este caso perpetrados por la Policía de Chubut.
Los hechos de esa segunda semana de enero, que trascendieron en todo el país, ahora suman un nuevo capítulo tras una grave denuncia del abogado defensor de cuatro de los imputados. Edgardo Manosalva aseguró que el fiscal general de la causa, Carlos Díaz Mayer, habría escuchado e ignorado las torturas que se produjeron en la comisaría de El Maitén contra José Luis Buchili, Jaime Gustavo, Ivana Noemí Huetelaf, Daniela González; Javier Huencapan, Pablo Gonzalo Segui y Ricardo Antigual.
El defensor particular en una audiencia de revisión que tuvo lugar el 3 de mayo leyó el descargo que había realizado el fiscal general ante el pedido de recusación que se efectuó en enero a la fiscal jefe, María Bottini, por considerar que el funcionario judicial había perdido la objetividad en el proceso por distintas irregularidades detectadas.
En el escrito, Díaz Mayer aceptó que había estado presente en la comisaría de El Maitén donde se produjeron las torturas. Sin embargo en ningún momento se refirió a los hechos, pese a que en la jurisdicción "es imposible no escuchar un escándalo", explicó Manosalva ayer en diálogo con El Patagónico luego que trascendiera la presentación de ese escrito en la audiencia de mayo.
"Era imposible que no escuche. El fiscal en el escrito dice que no solo estuvo en el lugar, sino que llegó 9:15 o 9:20 por la cronología de sus llamadas. Dice que se comunicó con el comisario que le preguntó si estaba viniendo y firma que el vehículo de traslado, ya con la gente encapuchada y torturada, sale para Esquel. Que se retira ‘la horda’ que estaba intentando tomar la comisaría y que se retira, y vuelve para la ciudad”, indicó Manosalva.
"Entonces él no tuvo vista de la tortura, pero estuvo escuchando mientras torturaban. Él cuenta su versión. Además varios detenidos lo vieron en todo momento. No sabían que era el fiscal, pero dos días después el mismo tipo que ellos veían, cara a cara, comprenden que era el fiscal. También el doctor González Quintana habló con él en el despacho del comisario, donde estaba el subcomisario Fernández. Y por otra parte lo vio toda la gente que estaba afuera porque imagínate que esto ocurrió luego de las 10:30”, detalló el abogado, quien sentenció: "él estaba a centímetros de donde ocurrió todo. No es que la comisaría de El Maitén es la central de la policía de Córdoba con nueve edificios. Son dos calabozos, una oficina y el hall de entrada”.

DOS CAUSAS

En la audiencia del 3 de mayo donde Manosalva leyó el descargo del fiscal, también estuvo presente el abogado Carlos González Quintana, quien esa noche se acercó a la Comisaría de El Maitén para recabar información sobre los detenidos. Además estuvieron los detenidos que fueron imputados anteriormente por el delito de abigeato.
Finalmente, la fiscal Bottini ratificó en la causa a Díaz Mayer como funcionario a cargo y sumó al fiscal general de la Comarca Andina, Oscar Oro. De esta forma, continúa la investigación por este hecho caratulado como abigeato y resistencia a la autoridad. Y el próximo mes se sabrá si Díaz Mayer decide elevar la causa a juicio oral y público o no.
Mientras tanto avanza otra causa por presunta comisión de apremios ilegales, vejámenes y torturas, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público contra diversos funcionarios policiales de la División Abigeato y el Grupo de Especial de Operaciones Policiales (GEOP).
La causa cuestiona "la balacera del personal de abigeato previo a las detenciones" ese 10 de enero, el momento de “la detención donde los golpean y le producen diversas lesiones” en el hospital de El Maitén y los graves hechos que sucedieron en la comisaría de ese mismo poblado, “donde los habrían golpeado y torturado hasta que el Grupo de Infantería los trasladó a la comisaría de Esquel”, explicó Manosalva, quien pidió que el procurador general Jorge Miquilarena intervenga de oficio y se investigue lo sucedido.

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