Denunciarán a Alberto Vargas por administración fraudulenta en IAS

Lo anuncio ayer en conferencia de prensa el gobernador Mario Das Neves, quien tras brindar un detalle de la composición de la deuda aseguró que a tal situación "se llegó robando, y cometiendo todo tipo de irregularidades". Sostuvo que con informes y observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia como respaldo y prueba, se elevarán denuncias judiciales para que se investiguen los delitos de negociación incompatible con la función pública, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Mario Das Neves informó ayer sobre la situación financiera del Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut en el marco de una conferencia de prensa que brindó junto al titular del organismo, Carlos Barbato -que fue designado como presidente "interventor" – y el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata.
El gobernador planteó que cuando culminó su segunda gestión provincial en diciembre de 2011 la utilidad de Lotería había sido de 16,8 millones de pesos y que a diciembre de este año el área tiene una deuda cuantificada en más de $74 millones.
La cifra se compone de pagos pendientes por $14 millones a proveedores, $6,2 millones en publicidad y otros $33 millones se le deben a la obra social Seros, además de que aún se adeuda la entrega de premiaciones por 2 millones de pesos, entre otros ítems.
A ese monto inicial, el mandatario añadió otros en concepto de juicios con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Son otros 100 millones, uno de 62 millones que ya tiene sentencia firme y en trámite otros 38 millones" sostuvo.
"¿Cómo se llega a esto? Robando, cometiendo todo tipo de irregularidades de las más vergonzosas, y nosotros vamos a ir a fondo. No existió el control, no había compulsa de precios, licitación, nada, esto lo dice el Tribunal de Cuentas de la provincia, que advierte en noviembre este zafarrancho, que es inédito", planteó Das Neves.
Indicó que se realizará un seguimiento puntual de todos los movimientos y "vamos a aplicar si es necesario el artículo 69 para la devolución de la plata que se llevaron. Acá está demostrado, están las pruebas".

"MAL MANEJO"
Barbatto, presidente interventor de Lotería que ya había anticipado que la deuda oscilaba entre los 180 y los 200 millones de pesos, sostuvo ayer que mientras "es imposible que el juego dé perdida, desde ya hubo mal manejo, los egresos fueron mayores que los ingresos" y que esos egresos no fueron volcados en asistencia social, ni en la jerarquización de los juegos, mejora de la premiación o la publicidad.
"Acá se destinó todo a gastos excesivos, innecesarios y situaciones totalmente irregulares", dijo para plantear que "hay monotributistas que se llevaron en los últimos cinco meses más de 5 millones de pesos", que se abonaron facturas por cenas del Instituto de Asistencia Social por $90.000, y vales en combustible del ex presidente de Lotería, Alberto Vargas, por $50.000 mensuales.
También ventiló que en diciembre de 2014 el Ejecutivo firmó un decreto mediante el que se le dio un aporte por 10 millones a Lotería, que "era para la construcción del edificio, pero Lotería no tiene ni el terreno ni los planos para hacerlo. Este aporte nunca salió de las arcas para ingresar a Lotería, lo que intentaron en criollo fue dibujar el balance", expuso.
"Todos los funcionarios de Lotería tenían casas alquiladas por valores altísimos, compraban los muebles de esas casas con los fondos de Lotería, todo fue direccionado", graficó.
Informó que la actual gestión recortó los gastos excesivos para revertir la situación, bajando de siete a cuatro las gerencias y jerarquizar los juegos que es lo que se traduce en ingresos, mientras se realiza una auditoría interna sobre compras y gastos.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, agregó más datos que surgen de los informes del Tribunal de Cuentas, como el hecho de que una de las contrataciones de Lotería fuera a una empresa en la que una de las socio gerente es una familiar del propio Vargas, y anticipó que efectuará las presentaciones judiciales del caso para que se investiguen la comisión de los presuntos delitos de "negociación incompatible con la función pública, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

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