Denunciaron a Aranguren por no llamar a audiencia por los aumentos

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue denunciado penalmente por la el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, por la presunta comisión del delito de "incumplimientos de los deberes de funcionario público", por no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas aplicado en Mar del Plata.

La denuncia que recayó en juzgado federal 11, a cargo del juez Claudio Bonadio, alcanzó también al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David José Tezanos González, según consta en el texto de la denuncia a la que tuvo acceso Télam.
Se trata de la tercera denuncia penal que recibe Aranguren en lo que va de su gestión al frente del Ministerio de Energía dado que semanas atrás lo había denunciado el senador Fernando "Pino" Solanas por comprar gas a Chile "más caro que a Bolivia" y antes lo habían hecho diputados del Frente para la Victoria que lo acusaron de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".
Con la denuncia presentada ayer, Rodríguez se hizo eco de los hechos que habían sido presentados ante la PIA por el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, quien había detectado "la posible comisión de infracciones penales" por el incumplimieto de la norma que "prevé la realización de una audiencia pública previa al incremento de las tarifas".
Adler consideró que "este procedimiento previo con intervención de los interesados, como es la audiencia pública en este tema específico del gas, donde hay una ley especial que indica su necesidad de realización en materia de tarifas, es una garantía implícita en la normativa constitucional que reconoce y consagra la tutela de los usuarios".
"La ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas, no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de la ley de parte de la autoridad en un tema que afecta el derecho de las personas a su calidad de vida", señaló Adler en la presentación ante la PIA.

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