Denunciaron a ex autoridades del Banco Chubut por "administración fraudulenta"

La fiscalía de Puerto Madryn solicitó la apertura de investigación por "administración fraudulenta" contra la anterior conducción del Banco del Chubut, debido al pago de casi seis millones de pesos en la causa caratulada "Graciela Adan y Asociados y 1810 comunicaciones s/fraude".

Los imputados por "administración fraudulenta" son los ex directores del Banco del Chubut S.A: Marcelo Ramírez, Osvaldo Lujan, Carlos Damiano y Carlos Eliceche; además de Julio Ramírez, quien es el actual presidente de la entidad.

Según indicó Télam, están imputados también los empresarios "Gustavo Valenzuela Linage y Graciela Adan, y las empresas involucradas por presuntos ilícitos son 1810 Comunicaciones y Graciela Adan y Asociados", quienes fueron beneficiadas con contratos millonarios, según indicó el informe preliminar mediante el cual el Ministerio Publico Fiscal, a cargo de Daniel Báez, hizo lugar a la denuncia realizada por el abogado Christian Dames, ex asesor letrado del municipio y actual concejal por el Partido Chubut Somos Todos, de Puerto Madryn.

"La denuncia hace referencia a un flujo de dinero que salía del banco estatal con destino a empresas por servicios que se sospecha no fueron prestados y que se pagaban de manera fraccionada para burlar las normas de procedimiento", confirmó la Fiscalía.

La presentación detalla que la firma Graciela Adan & Asociados S.A., fue contratada en una primera oportunidad por tres meses para la implementación de servicios que permita seguimiento y potenciación de un plan comercial en cuanto a sus procesos, productos y servicios, plataforma tecnológica e innovaciones. Por esa contratación el Banco del Chubut. S.A desembolsó un monto de 900 mil pesos más IVA y luego realizó otra contratación a fin de hacer un "estudio para la creación de una Sociedad Holding", por el que se abonaron 450 mil pesos más.

En el lapso de pocos días hubo una nueva contratación mediante resolución de gerencia general por un monto de 562 mil pesos más IVA, señalando en este caso que era para "trabajos de asesoramiento".

La presentación cuestiona que todas las contrataciones a esas firmas se hicieron de forma directa y no a través de un concurso privado de precios como marca el manual de contrataciones interna del Banco y la ley de procedimiento administrativo.

En la denuncia se consigna además que "otro pago por parte del Banco se ordenó por 360 mil pesos, sin que se acrediten qué servicios se brindaron entre el 23 de diciembre de 2014 y el 8 de enero de 2015". Y se señala que "si bien el banco le pagaba a estas firmas por trabajos de asesoría y sondeos de mercado, quien materialmente hacía los trabajos fue la consultora Delfos S.A de la Pcia. de Córdoba, por cuenta y orden de 1810 Comunicaciones S.A".

Pero las sospechas también tienen una derivación política porque "la mitad de las preguntas que se realizaban en dichos estudios no tenían relación con la actividad del banco, más bien dejan ver un carácter de encuesta proselitista porque se le preguntaba al entrevistado si creía que un segundo mandato del gobernador kirchnerista Martín Buzzi solucionaría los problemas de los chubutenses".

La causa da detalles que conducen a un "perjuicio patrimonial estimado en 5.852.000 pesos" realizado a través de pagos fraccionados por servicios que nunca fueron acreditados o que fueron subcontratados a terceros con gruesos errores. "En casi todas las órdenes de compra a 1810 Comunicaciones S.A la firma inserta y aclarada es de Gustavo Valenzuela Linage, en la orden de compra que se señala aparece una firma aclarada e inserto un número de D.N.I, señalando que también sería de Gustavo Valenzuela Linage aunque en este caso la escritura en nada coincide a simple vista con la de las otras órdenes", se indica.

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