Desvincularon a cuatro profesionales del Servicio de Protección de Derechos

Son cuatro las profesionales -tres trabajadoras sociales y una psicóloga-, que integraban los distintos equipos del Servicio de Protección de Derechos quienes quedaron fuera de funciones después que concluyera la beca municipal que se les otorgó hasta diciembre a la espera del contrato que comprometió el Ministerio de Familia de Chubut, que conduce Leticia Huichaqueo, y que no se formalizaron.

Las trabajadoras sociales y la psicóloga empezaron a trabajar en agosto con la promesa que llegaría el contrato provincial y mientras tanto les pagarían con una beca municipal mensual de 14 mil pesos. Sin embargo, el martes se enteraron de que no tienen beca, contrato ni seguro y que hace 15 días venían trabajando sin posibilidades de que fueran a cobrar.
Se trata de las trabajadoras sociales Yamira Zeni, Valeria Velásquez y Estela Cayun, junto a la única psicóloga del Servicio, Sabrina Tejada, quien prestaba sus servicios profesionales en los cinco equipos que constituyen el área.
Más allá de la cuestión laboral que las afecta, las profesionales contaron: "Leticia Huichaqueo vino a Comodoro hace unos días y no vino al Servicio aunque estaba notificada de esta situación".
Las profesionales que advierten cierta intencionalidad en esta maniobra cuestionan: "¿qué va a pasar con esos chicos? Se cayeron guardas y ahora no se sabe qué pasará con los chicos, si irán a la Casa del Niño o adónde". Y sugirieron que por la gravedad del tema también debería intervenir el Servicio de Justicia.
El Servicio de Protección de Derechos es un espacio que coparticipan la Provincia y la Municipalidad. Actualmente solo quedaron trabajando los operadores que son personal de planta de la comuna, pero no tienen facultades para hacer ni firmar informes. Solo pueden dar turnos ya que "los que dirigen y conducen los equipos son los trabajadores sociales", explicó Tejada.
Las profesionales contaron que en el servicio se atienden 100 casos de abuso y violencia de niños, los que se reparten entre cinco equipos. La directora del área es Celia Gandini, pero en este momento está de vacaciones por lo cual estas trabajadoras decidieron hablar con Marcelo Rey, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Enviaron telegramas a Provincia y a los despachos de Huichaqueo, Facundo Moreira y Soledad Contin, pero no recibieron ni siquiera notificación del caso de las autoridades provinciales.
Como señaló la psicóloga, se "tratan 23 casos en un equipo y el 90% es abuso sexual infantil, maltrato infantil, negligencia. Esta oficina interviene cuando hay vulneración de los derechos de niño, casos de violencia, casos judicializados. Hay que contestar informes socioeconómicos, ver guardas y restricciones de acercamiento, además de atender a los niños", explicó. Trabajan con la Asesoría de Familia, la Oficina de Derechos y Garantías, escuelas y Centros de Promoción Barrial, entre otros.
En este contexto también detallaron que los operadores no pueden realizar oficios ni contestar. Y en el caso de Tejada –la única psicóloga- tenía a su cargo 43 casos. "Tenemos claridad de nuestra responsabilidad, pero estuvimos seis meses en negro trabajando", sostuvo.
En el Servicio es tanta la demanda que en lista de espera hay 100 casos de niños violentados o abusados. "Para nosotros es difícil dejar de trabajar pero el Estado tiene que darnos respuestas, herramientas y recursos. Y finalmente el Estado está vulnerando el derecho de esos niños", remarcó Velásquez.
"¿Qué va a pasar con esos niños?", cuestionaron las profesionales. "Son niños con vulneración de derechos y el Gobierno municipal ni provincial ponen la cabeza ahí y entonces ¿qué hacemos con estos niños?", preguntó también Zeni.

Fuente:

Notas Relacionadas


Las Más Leídas del Patagónico