Devolvieron a un subcomisario la camioneta que le secuestraron por una causa de drogas

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia dispuso ayer la devolución de una camioneta Ford 150 al subcomisario Waldemar Ferreira. Había sido secuestrada en los allanamientos a la vivienda de Gustavo Currulef, procesado y luego absuelto por falta de acusación fiscal, en la causa de droga enterrada en el Faro San Jorge. Ferreira es el mismo policía que fue investigado como sospechoso de darle protección a un delincuente de las 1008 Viviendas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia dispuso ayer la devolución de una camioneta Ford 150 –dominio WDX 937– secuestrada en los allanamientos por la causa de la droga enterrada en el Faro San Jorge. La camioneta estaba a nombre del subcomisario Waldemar Ferreira, quien habría hecho un trato por la misma con Gustavo Currulef, uno de los procesados en la causa de estupefacientes que luego fue absuelto ante la falta de acusación del fiscal general.
La camioneta había sido secuestrada el 28 de junio de 2013, a las 21 en el domicilio de Gustavo Jorge Currulef, en calle Código 473 al 300 del barrio Abel Amaya, según consta en la causa.
Aquella noche se secuestraron un arma calibre 22, 16 cartuchos de calibre 22 largo, 39 cartuchos a bala calibre 22 largo, 4 cartuchos calibre 38 y tres cartuchos calibre 32.
Estacionada frente a la vivienda de Currulef se encontró la camioneta, se hizo una requisa de la misma que arrojó resultado negativo y se la secuestró. Fue transportada por una grúa hasta el predio de Kilómetro 4.
Mientras la camioneta estaba secuestrada, a Currulef le dictaron el auto de procesamiento junto a los integrantes de una banda que fue desbaratada tras un arduo trabajo de la Brigada de Investigaciones.
En los albores del proceso se consideró a Currulef como presunto autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el auto de procesamiento para él, modificando el encuadre jurídico del hecho por el que se lo investigaba al delito de comercio de estupefacientes, junto a otros imputados como Guido Ñancupel Uribe, considerado uno de los cabecillas.
Currulef declaró en su momento que en el allanamiento no le encontraron nada que lo vinculara con la causa. El fiscal general, Teodoro Nürnberg, finalmente en los alegatos respecto a Currulef se abstuvo de acusar. Su defensor adhirió a lo dictaminado por el fiscal y allí solicitó la devolución del vehículo secuestrado.
El fiscal en juicio advirtió que la conducta del procesado no era constitutiva de delito alguno y el Tribunal sostuvo: "la exposición de sus fundamentos en cuanto a la falta de constancias fehacientes e incriminantes hacia el imputado que habiliten un reproche legal, que puede o no compartirse, en modo alguno revela que su decisión fue antojadiza o irregular".
Al carecer de una pretensión sobre la cual pronunciarse, el Tribunal dispuso la absolución de Currulef y la entrega de la camioneta a Ferreira.

EL FIN DEL DILEMA
El subcomisario había pedido al Tribunal la restitución de la camioneta que se encuentra a su nombre ya que el secuestro le había originado "problemas económicos y personales".
La Fiscalía no se opuso a la entrega del vehículo, pero el Tribunal no hizo lugar a la medida hasta tanto la sentencia de absolución de Currulef no tuviese una resolución definitiva.
Ferreira volvió a pedir la restitución y ante un recurso en queja ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación debió esperar. Finalmente el Tribunal dispuso su entrega a fines del año pasado, pero había sido dispuesta a nombre de Currulef, por lo que el oficial de policía pidió que se aclarara la situación ya que había hecho un fuerte gasto en repararla mecánicamente y en pintarla.
Finalmente ayer se dejó sin efecto las idas y vueltas de la restitución de la camioneta y se dispuso su entrega a Ferreira. Se trata del ex segundo jefe de la Comisaría Quinta investigado por la protección que le habría dado a Mario Rolando Chini, un residente de las 1.008 Viviendas con pesados antecedentes penales, como golpear mujeres y usurpar. También se lo juzgó hace no mucho por el crimen de un ciudadano paraguayo al que le cobraba "peaje".

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