Dictaron tres meses de prisión preventiva a los sospechosos de asesinar al ingeniero

Enzo Uranga y Lautaro Hernández fueron imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo, en concurso real, agravado por la utilización de arma de fuego que tuvo como víctima a John Blas Gutiérrez, el viernes por la noche en la tienda de sus padres. Por los peligros de amenazas a los testigos y entorpecimiento de la investigación, el fiscal Julio Puentes pidió la prisión preventiva por tres meses. También planteó que la expectativa de pena en caso de ser llevados a juicio y condenados tiene un máximo de 33 años de cárcel. La juez Gladys Olavarría hizo lugar a los 90 días de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público.

Después que personal de la Brigada de Investigaciones concluyera con los allanamientos y la recolección de evidencias por el homicidio ocurrido el viernes alrededor de las 20:30 en el asalto a la tienda "Rodrigo", en la calle César Campoy del barrio Moure, la Justicia de Comodoro Rivadavia formalizó la investigación contra los dos sospechosos detenidos: Enzo Martín Uranga (20) y Lautaro Hernández (21).
La audiencia de control de detención y apertura de la investigación por el homicidio John Blas Gutiérrez (27), se desarrolló el sábado en la Oficina Judicial y estuvo presidida la juez penal de turno, Gladys Olavarría.
De acuerdo a la información recabada por El Patagónico, el fiscal general Julio Puentes relató en primer lugar las circunstancias en que se produjo el crimen del ingeniero en petróleo en el comercio de sus padres, en el barrio Moure.
Puentes señaló que eran las 20:30 del viernes cuando dos individuos ingresaron a la tienda haciéndose pasar como clientes. Los propietarios, quienes pertenecen a la comunidad boliviana, conocían a los jóvenes ya que son del mismo barrio.
En presencia de los dueños del comercio y de su hijo John, quien acababa de llegar de su trabajo en el yacimiento petrolero Los Perales de YPF, los jóvenes simularon probarse unas camperas.
Sin embargo, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y sin que las víctimas se resistieran disparó contra John. La bala lo alcanzó a la altura del pecho. Después el mismo individuo se dio media vuelta y le disparó a su padre, Marcial Blas en la pierna izquierda. Como no pudieron llevarse dinero, los asaltantes se alzaron con dos camperas y una par de zapatillas de lona.
Mientras en el Hospital Regional se confirmaba el fallecimiento de John Blas, la policía demoró en las cercanías del lugar del asalto a Enzo Uranga y a Lautaro Hernández en calidad de sospechosos.

EXPECTATIVA DE
33 AÑOS DE CARCEL
Puentes imputó a Uranga y Hernández por los delitos de homicidio en ocasión de robo, en concurso real, agravado por la utilización de arma de fuego. Por la gravedad del ilícito solicitó la prisión preventiva de ambos por el lapso de tres meses y pidió el mismo plazo para el desarrollo de la investigación.
El fiscal expuso que existen sobradas pruebas para tener a los sospechosos como probables autores del asesinato. Además de las declaraciones de los testigos directos del crimen, en la vivienda de un allegado a los sospechosos –de apellido Rojas- se secuestraron prendas con manchas de sangre que sería de la víctima. En el mismo domicilio, se incautó una de las camperas robada en la tienda "Rodrigo".
Asimismo, el fiscal argumentó sobre los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, ya que en caso de quedar en libertad los presuntos autores podrían influir sobre los testigos u ocultar pruebas dado que los investigadores policiales no hallaron el arma utilizada en el asesinato.
A la vez, el acusador público detalló que en caso de que los imputados lleguen a juicio y sean condenados podrían recibir una pena mínima de 13 años de cárcel y una máxima de 33, teniendo en cuenta la sumatoria de delitos perpetrados a la vez.
La fiscalía espera los resultados de una serie de pesquisas que se efectuaron dentro del local comercial y también pericias practicadas a los sospechosos, entre ellas la prueba del dermonitrotest para conocer si los detenidos tenían restos de pólvora en sus manos, lo que comprometería aún más su situación procesal.

CONDENA EN SUSPENSO
Uranga y Hernández, quienes fueron asistidos por las defensoras públicas Cristina Sadino y María de los Angeles Garro, no declararon en esta instancia de la investigación judicial. Sus representantes legales se opusieron a la prisión preventiva justificando que con una medida sustitutiva como el arresto domiciliario podían cautelar el proceso. También argumentaron que sus asistidos tenían arraigo en la ciudad para permanecer en sus viviendas.
Puentes se encargó de recordarle a la magistrada que Uranga tiene una condena en suspenso de dos años y ochos meses de prisión por un robo con arma. En febrero de 2016, asaltó a un joven y lo apuñaló en un brazo para despojarlo de los elementos de valor.
No solo robó el teléfono celular y la gorra a la víctima, sino también parte de su vestimenta. Pero, un familiar de la víctima lo corrió hasta reducirlo y tras propinarle una paliza, lo entregó a la policía.
Además, Uranga se vio envuelto en una causa de encubrimiento al ser sorprendido a bordo de un auto robado. Fue perseguido por la policía hasta que terminó apresado.
Y en julio del año pasado intentó ingresar 20 globos de marihuana ocultos entre sus genitales durante una visita a la alcaidía policial donde se encuentra alojado su hermano Nahuel Uranga.
Este último fue condenado el año pasado por haber asesinado al albañil boliviano Oscar Torrico para robarle una mochila al asaltarlo en una calle del barrio Moure.

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