Dilma Rousseff pidió la anulación del juicio político que la destituyó

"Es un fraude contra el que vamos a recurrir en todas las instancias posibles", advirtió la ex mandataria de 68 años, que enfrentó el segundo proceso de impeachment desde el retorno de la democracia en 1985, después del que llevó en 1992 a la caída del senador Fernando Collor.

La ahora ex presidenta brasileña Dilma Rousseff inició su contraofensiva: menos de 24 horas después de ser destituida por decisión del Senado, su defensa pidió ayer a la Corte Suprema anular el proceso y hacer otro juicio.
El Senado votó, con un holgado 61 a 20, a favor de la destitución de Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos a espaldas del Congreso y financiar al Tesoro atrasando pagos a la banca pública.
Rousseff, que siempre proclamó su inocencia, dijo que la decisión consumaba un golpe de Estado parlamentario.
"Es un fraude contra el que vamos a recurrir en todas las instancias posibles", advirtió la ex mandataria de 68 años, que enfrentó el segundo proceso de impeachment desde el retorno de la democracia en 1985, después del que llevó en 1992 a la caída del senador Fernando Collor.
Su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, que además fue su ministro de Justicia, introdujo el jueves la primera de dos apelaciones previstas ante la corte suprema.
La primera solicita "la suspensión de inmediato de los efectos de la decisión del Senado Federal que condenó por crimen de responsabilidad a la Presidenta de la República" y la realización de "un nuevo juicio", según el texto al que tuvo acceso la AFP.
Pide además restablecer a Temer como presidente interino, cargo que ocupaba desde que Rousseff fue suspendida del cargo, en espera del veredicto del Senado.
La destituida mandataria tacha a Temer, que fue su vicepresidente, de "usurpador" y "golpista".
"Golpistas son ustedes, quienes están contra la Constitución. Golpe es aquel que propone una ruptura constitucional", replicó el dirigente del partido de centroderecha PMDB, alegando que el proceso cumplió con todos los requisitos contemplados por la Carta Magna de 1988.
Temer fue juramentado poco después del impeachment y, con el título oficial de presidente, viajó inmediatamente a China para participar en la cumbre del G20 de potencias industrializadas y emergentes, donde espera elevar el perfil de Brasil, un gigante regional que se debate contra la recesión y la crisis política.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó rápidamente el interés de Washington en "mantener la fuerte relación bilateral" entre "las mayores economías y democracias del hemisferio", según un comunicado de la presidencia brasileña.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; y el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, también "felicitaron" a Temer.
La reacción fue totalmente opuesta por parte de los gobiernos de izquierda de América Latina: el presidente socialista Nicolás Maduro congeló las relaciones y retiró a su embajador. El ecuatoriano Rafael Correa tachó el proceso de "traición" y también retiró a su encargado de negocios, máximo representante diplomático en Brasil.
Cuba y Bolivia condenaron igualmente la destitución de Rousseff.

RESPUESTA DE BRASILIA

En respuesta, Brasilia llamó a consultas a sus embajadores en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Asimismo, en las calles de Sao Paulo varios centenares de manifestantes protestaron contra su gobierno y, por tercera jornada consecutiva, la marcha acabó en enfrentamientos con la policía.
Una estudiante resultó herida y perdió un ojo en los disturbios, en tanto que dos fotógrafos fueron detenidos, según la estatal Agencia Brasil.
Temer, tan impopular como Rousseff, ha prometido poner a Brasil "de vuelta en el riel" y espera al acabar el actual mandato presidencial, en 2018, recibir el aplauso" del pueblo. "Va ser difícil", admitió, en una situación de profunda recesión con alta inflación y un desempleo que afecta a unas 12 millones de personas.
Con el aval de los mercados, buscará consolidar apoyos en el Congreso para poner en marcha un ajuste fiscal y aprobar impopulares reformas a la ley del trabajo y la seguridad social.
La calificadora de riesgo estadounidense Moody's advirtió que Brasil está lejos del consenso político requerido para aprobar todas las medidas económicas, pero destacó que el fin del juicio a Rousseff "elimina el elemento de incertidumbre política que pesaba sobre la economía brasileña", según un comunicado.
En un giro sorpresivo al escenario político, la oposición a Rousseff en el Senado no consiguió inhabilitarla para ejercer cargos públicos, lo cual le permitiría postularse a cargos electivos.
"Volveremos, volveremos para continuar nuestra marcha hacia un Brasil en que el pueblo es soberano", afirmó la mandataria tras el impeachment.

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