Diputado del FpV denuncia que dirigentes del PRO "financian su actividad política" mediante funciones

El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade se refirió a la presentación que realizó ante el juez Ariel Lijo pidiendo que se investigue a la fundación SUMA, que conduce la vicepresidenta Gabriela Michetti, para conocer si cumple con las normas contra lavado de activos, y dijo que los dirigentes del PRO utilizan ese tipo de instituciones para "financiar su actividad política".

El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) explicó que realizó una presentación en la Justicia Federal en la que da cuenta de diversas fundaciones que conducen dirigentes del PRO que "están flojas de papeles".
"Nosotros nos presentamos con el diputado Juan Cabandié para que (el juez Lijo) entienda que esta fundación SUMA tiene una situación irregular al igual que otras fundaciones de dirigentes del PRO", detalló en diálogo con Radio UNLa.
Tailhade y Cabandié utilizaron como ejemplo a las fundaciones "Creer y Crecer" de Néstor Grindetti, "Fundar" de Eugenio Burzaco y "Formar" de Guillermo Dietrich.
En ese sentido, comentó que cuando concluya la Feria Judicial se presentará en el juzgado que investiga la denuncia contra Grindetti por los Panamá Papers por entender que la fundación que encabeza el jefe comunal de Lanús "giró guita a la plaza financiera de Londres" a través del mecanismo "contado con liqui".
En ese caso, dijo que a la fundación de Grindetti "no se le conoce ninguna actividad social" durante los últimos años pero que "presentaba movimientos financieros que son incompatibles".
"Durante 2013 y 2014 Creer y Crecer giró guita a la plaza financiera de Londres", afirmó el diputado.
Respecto del mecanismo "contado con liqui", reconoció que se trata de una operatoria legal para girar divisas al exterior, pero dijo que "una fundación que no tiene actividad no puede hacer ninguna operación y ahí es ilegal".
Tailhade dijo desconocer con exactitud qué montos habrían sido girados ya que "las operaciones de contado con liqui se realizan con una entidad privada que se llama Caja de Valores S.A.", la cual, según opinó Tailhade, "no va a dar informaciones si no hay una causa penal".

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