Diputados autorizaron expropiación de viviendas y derogaron el impuesto minero

"Me embarga una gran satisfacción por haberse concretado un compromiso que reivindica derechos de los vecinos del histórico barrio Gas del Estado", expresó el comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, inmediatamente después que la Legislatura declarara el viernes de "utilidad pública" y "sujetas a expropiación", 34 viviendas que pertenecieran a la desaparecida empresa nacional.

Caleta Olivia (agencia)
Con el proceso de privatización de la década del 90, esas casas y otros activos de Gas del Estado fueron transferidos a Camuzzi Gas del Sur, empresa que meses atrás buscó venderlas a las familias que las habitan desde hace casi cuarenta años a montos elevados, sin contemplar ningún tipo de amortización por el paso de los años.
Ello generó un fuerte reclamo vecinal que fue canalizado por el comisionado, quien a su vez lo retransmitió al diputado provincial Rubén Contreras, autor del proyecto de ley de expropiación que finalmente se aprobó en la última sesión ordinaria del año.
Por tal motivo, Solaga dijo que lo embargaba un sentimiento de gratitud y felicidad, el mismo que sentían los vecinos de su comunidad que se veían afectados por el "gran negocio inmobiliario" que pretendía llevar adelante Camuzzi.
A mismo tiempo rindió homenaje "a un notable vecino como lo fue Gregorio Llampa quien falleciera acompañando decididamente este proceso que termina con la angustia y la incertidumbre de la gente de tan importante barrio".
"Por ello digo que el viernes fue un día histórico para el pueblo de Cañadón Seco y el texto de la Ley va a ser entregado formalmente a los vecinos el 13 de diciembre" justamente cuando él asuma un nuevo periodo de gestión, esta vez avalado por el voto mayoritario de su comunidad.

IMPUESTO MINERO
En la misma sesión parlamentaria los legisladores aprobaron el proyecto que presentara el diputado por el municipio de Caleta Olivia, Alexis Quintana, por el cual se deroga el denominado "Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera" que estaba vigente desde al año 2013 e imponía a las concesiones mineras pagar un canon que oscilaba en el 1 % de las reservas de minerales a explotar.
En la práctica, la normativa no prosperó porque varias compañías entablaron juicio al gobierno provincial e incluso algunas optaron por dejar sin efecto sus proyectos. Esto hizo que los ingresos a las arcas provinciales fueran exiguos por ese concepto.
De esta manera, la mayoría legislativa resolvió modificar nuevamente el Código Fiscal Provincial y la Ley Impositiva.

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