Discapacidad: la Defensa Pública asiste cuatro casos por día frente a incumplimientos de obras sociales

La Oficina de la Defensa Pública de Comodoro Rivadavia atiende cada día cuatro casos de discapacidad por incumplimiento o nula prestación del servicio de obras sociales, prepagas e incluso del Estado. El organismo judicial provincial asesora a esas familias para que puedan tener una respuesta sobre la cobertura. Mientras tanto, madres de personas que conviven con discapacidades motrices deben buscar soluciones para que sus hijos puedan tener una silla de ruedas, pañales o la alimentación de cada día. Algunas gestiones han significado hasta cinco años de lucha, ya que las prestadoras suelen poner trabas para no cumplir con sus obligaciones.

Patricia es madre de Aron que al nacer le diagnosticaron parálisis cerebral. En ese momento los médicos no le dieron muchas esperanzas de vida. Sin embargo, hoy tiene 14 años y continúa siendo la alegría de su familia.
El trastorno que sufre el adolescente es severo y le impide caminar, hablar y comer por sus propios medios. También le genera problemas para respirar. La Ley de Discapacitados estipula que Aron debería tener una cobertura al 100% en su tratamiento. Sin embargo, en la práctica el Programa Federal de Salud (PROFE), que depende del Gobierno provincial, a la familia siempre le generó diversos inconvenientes que tuvo que sortear.
"El PROFE le tiene que dar todo pero no se hace cargo de nada”, explicó Patricia a El Patagónico.
"Esta lucha lleva 14 años porque vos para pedir algo tenés que estar meses y meses. Hace más de dos años que estamos peleando por una silla de ruedas y la excusa es que no hay plata, que no llegaron los papeles o que no están las medidas. Siempre hay un pero y esto se convierte en un calvario", confesó angustiada.
Patricia no es la única madre que lucha en Comodoro Rivadavia para que el Estado, las obras sociales y las prestadoras de servicios prepagas cumplan con sus obligaciones. En la Oficina de la Defensa Pública de Comodoro Rivadavia se atienden cuatro casos por día por incumplimiento o nula prestación del servicio, tanto por parte del sector privado o el Estado.

UNA LEY QUE NO SE CUMPLE
Patricia Aranda, integrante del organismo judicial provincial, explicó que en el área se atiende y asiste jurídicamente a aquellas personas que ven amenazados o vulnerados sus derechos en educación, salud, alimentación y o relacionados a la lucha de pueblos originarios.
La abogada detalló que en salud, la Ley de Obras Sociales le da competencia a la Justicia Federal respecto a los conflictos jurídicos con las obras sociales, por lo que muchas veces la gestión extrajudicial no alcanza para lograr las prestaciones que las personas tienen indicadas.
"Las personas vienen, nos consultan y por lo general tienen una ineficiencia o una inexistencia de la cobertura prestacional médica. El último garante es el Estado, pero si una persona está adherida a una prepaga o una obra social ambas son nacionales por lo tanto nosotros podríamos peticionar, pero no judicializar el caso. Por la experiencia que tenemos en el área ya sabemos cuáles son las obras sociales que cumplen ante un requerimiento de tipo extrajudicial y cuáles son las que hasta que reciben una orden judicial no cumplen con los servicios”, explicó Aranda.
Sin embargo, la defensora pública sostuvo que los cuatros casos diarios que se reciben en Sarmiento 453 no solo involucran problemas de incumplimiento parcial o nulo en la prestación del servicio, sino que también dejan a la luz una serie de problemas que aquejan a los damnificados.
"Cada uno de los casos es complejo”, explicó Aranda. "Pero es muy difícil que una persona venga solamente por el tema de salud ya que siempre hay algo más. Muchas veces tiene que ver con vivienda, las prestaciones educativas o la familia”, señaló.
Respecto a los problemas con las obras sociales y las prestadoras prepagas, aseguró que el principal inconvenientes son las excusas que utilizan las empresas para no cumplir con sus servicios.
"Las excusas para no cumplir son muchas, pero hay que destacar que si corresponde a una cobertura de discapacidad, es una ley clara y dice que las personas discapacitadas deben tener todas las prestaciones cubiertas al 100%. No obstante, hay obras sociales que no tienen en sus listados de prestadores todas las especialidades que necesitan sus afiliados, suele pasar que no tienen un convenio con un prestador, el socio o el abonado tiene que salir a buscar uno y este último es el que fija el precio. Entonces las obras sociales o las prepagas dicen que solamente van a cubrir lo fijado por los nomencladores y esto no es así”, manifestó.
La abogada también explicó que las obras sociales, prepagas y el Estado tienen idéntica obligación para cubrir las cuestiones sanitarias. "A veces hay un prejuicio que si tengo una buena prepaga o una buena obra social va a cubrir más que otra que no es tan buena. Pero todos tienen idéntica relación en el alcance de la cobertura. Esto es una normativa para todos”, subrayó.

UN DINERO QUE
NO TODOS TIENEN
Los pedidos más urgentes que realizan los padres de personas que conviven con discapacidades suelen ser sillas de ruedas, leche, pañales y “Ensure”, un alimento que las personas con discapacidades motrices deben consumir a diario para complementar sus necesidades alimenticias. Sin embargo, no siempre reciben respuestas.
En este sentido, se debe tener en cuenta que cada vez que una obra social, una prepaga o el Estado no cubren las necesidades de sus afiliados, se genera un importante gasto económico para cada una de las familias.
Según contaron los padres, que cada mes deben luchar para que las prestadoras medicas cumplan con la cobertura de estos elementos básicos, solo entre pañales, leche y “Ensure”, pueden gastar como mínimo 12 mil pesos por mes, siempre cuando se elijan las marcas más económicas, ya que caso contrario el valor se podría hasta duplicar.
Otro dato a tener en cuenta es que la leche que deben consumir las personas que conviven con alguna discapacidad motriz tiene un valor de 350 pesos por cada lata, y una duración de un día y medio o dos, ya que el paciente debe alimentarse cada tres horas. Mientras que el bolsón de 16 pañales puede costar 230 pesos y durar con suerte hasta siete días. Aunque también se puede optar por adquirir un bolsón de 500 pañales a 1.600 pesos para todo un mes.
Los familiares coincidieron que ante la necesidad imperiosa de comprar estos productos, muchas deben hacerse cargo de los gastos que deberían cubrir las obras sociales y prepagas, afrontando los costos por su propia cuenta, y en muchos casos realizando diferentes actividades para tener un respiro económico.

PELEAR POR LOS DERECHOS DE SUS HIJOS
Esta situación que le toca atravesar a Patricia y a muchos otros padres, también la sufre Mónica Haro, la madre de Bárbara, quien convive con un trastorno cerebral. La mujer explicó que la Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza hace dos años le niega una silla de ruedas a su hija, pese a que no camina. "Ellos siempre tienen un pero. Nosotros cuando teníamos que viajar nos hacíamos cargo de nuestros bolsillos. Ahora estamos peleando por la silla de ruedas para Barby. Supuestamente en 45 días tendríamos que tener la silla pero nunca se sabe”, lamentó, señalando que también “necesita” con suma urgencia una silla de baño y una cama ortopédica”.
Haro contó cómo es el proceso burocrático para poder acceder a una silla de ruedas. Explicó que los damnificados deben conseguir un pedido medico de un neurocirujano, mediante una evaluación del paciente. Luego se debe enviar una solicitud a la sede local de la obra social o prestadora de medicina prepaga. Y ese pedido se dirige directamente a la central donde será visto por un auditor de discapacidad que aprobará la adquisición del elemento.
Sin embargo, en esa instancia suele aparecer el primer "no" en un burocrático camino, ya que las prestadoras de servicios suelen poner diferentes trabas.
"Las madres vivimos un manoseo constante, porque siempre hay una falta de pago o algo que siempre recae a nuestros hijos. Estamos esperando todo el año ver qué es lo que van a hacer con nosotros. Siempre están cortos de dinero y la cobertura son prácticamente inexistentes”, señaló Haro.
A esto se suman las irregularidades. Por ejemplo, la mujer contó que muchas veces su obra le envía cheques para el reintegro de los productos que adquirió, pero a nombre de su hija.
"Saben que ella no lo puede ir a retirar o me lo envían con mi nombre mal. Yo me llamo Mónica y me lo envían como María. Siempre se dejan un poco de plata, siempre se quedan con algo ellos. Ahora me mandaron un cheque con el apellido de Oyarza cuando saben que mi apellido es Oyarzo. Y así tardan un mes más”, señaló, cansada por tanto “manoseo”.
Ante este tipo de situaciones, tanto la madre de Aron como de Bárbara coincidieron que la única manera de pelear por los derechos de sus hijos es: "estar unidas y asesoradas para que las obras sociales cumplan con lo que tengan que cumplir".
Es como dijo Mónica: "es la única forma porque vos vas y no te dan respuestas. Por eso las mamás tenemos que salir adelante, seguir peleando y tratar de encontrar todos los medios posibles. Se trata de nuestros hijos".

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