Dos detenidos por amenaza de bomba al departamento de Mauricio Macri

El departamento sobre el cual se produjo la amenaza de bomba pertenece al jefe de Estado pero se encuentra ocupado por el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, desde principios de año.

La Policía Federal (PFA) investiga a una banda que llamó al sistema de emergencias identificado con el número 911 para advertir que iban a poner una bomba en el departamento que el presidente Mauricio Macri posee en la Avenida Libertador de esta capital.
El llamado que desató la investigación se produjo durante la madrugada del viernes, aunque fuentes vinculadas con el caso informaron a Télam que desde el teléfono que se realizó la "llamada intimidatoria" se detectaron 9.000 llamadas al sistema de emergencias durante el 2016.
El departamento sobre el cual se produjo la amenaza de bomba pertenece al jefe de Estado pero se encuentra ocupado por el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, desde principio de año.
El contenido de la llamada ocurrida el viernes a las 3 desató la urgente intervención del ministerio de Seguridad que, a través de la PFA, logró detener ayer a una mujer y a un hombre vinculados con las llamadas, durante dos allanamientos realizado en la provincia de Buenos Aires.
Los operativos fueron realizados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal que intervino por orden del juez federal Sebastián Ramos, quien lleva la causa por "intimidación pública" que se encuentra bajo secreto de sumario.
Una de las detenidas es Verónica Morínico quien, según los investigadores, era quien utilizaba el teléfono del cual se realizaron las 9.000 llamadas, y que también tuvo 300 contactos con un teléfono que utilizaba Sergio Alves, el otro detenido por el caso.
Los allanamientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en las localidades de Martínez y Derqui: en la primera, donde vivía Alves, había una pareja más y en la otra vivía su madre, María Rita Gómez, quien horas antes se había ido a Uruguay a través del puerto de Tigre.
En el domicilio en Martínez, "los efectivos hallaron a dos hombres y dos mujeres; una de las cuales al percatarse de su presencia arrojó un celular al piso con la clara intención de dañarlo. Dos de ellos, un hombre y una mujer sobre los que pesaba el pedido de detención judicial, fueron aprehendidos", se informó de manera oficial.
Allí se secuestraron 7 teléfonos celulares, uno de los cuales era el número que mantuvo las 300 llamadas con la línea utilizada en las intimidaciones. "Al realizar una prueba en el lugar y marcar el número en cuestión, la llamada impactó en el teléfono secuestrado que la detenida había intentado destrozar", se informó.
El allanamiento en la localidad de Derqui "en el que estaba asentado el domicilio de la titular de la línea utilizada, arrojó como resultado la presencia de 3 hombres y 1 mujer, sobre los cuales no pesaba orden de arresto alguna. En el lugar se incautaron 9 teléfonos celulares, 4 tarjetas sim, 1 módem, 1 disco rígido y 1 tablet", informó el ministerio de Seguridad.

"DECISION POLITICA"

La ministro de Seguridad, Patrica Bullrich, le dijo a Télam que "es una decisión política no dejar pasar las intimidaciones" y agregó: "Este caso muestra, además, la necesidad de realizar una auditoría sobre el 911 porque no es posible que no salte una alerta si hay 9.000 llamadas desde un mismo teléfono".
Tal como ocurrió el sábado pasado con la conferencia de prensa realizada en relación a las presuntas amenazas realizadas contra el presidente a través de la red social Twitter, el lunes a las 10 se llevará a cabo otra rueda de prensa en el Ministerio de Seguridad.

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