Dos meses de prisión preventiva para los detenidos por "entraderas"

La Justicia formalizó ayer la investigación contra ocho de los presuntos integrantes de la banda que fue desbaratada el lunes a partir de 61 allanamientos efectuados en distintos barrios de esta ciudad. Quedaron imputados por asociación ilícita Bruno Gómez, Oscar Vejar, Héctor Oyarzo, Bruno Vargas, Pablo Nievas, Esteban Soto, Carlos Rivas y Nicolás Aynol. El juez les dictó dos meses de prisión preventiva. Otros dos sospechosos tienen pedido de captura.

La audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra los presuntos integrantes de la banda que cometía “entraderas” y luego vendía los objetos robados por redes sociales o a conocidos, se extendió ayer hasta horas de la tarde en la Oficina Judicial.
En el comienzo los fiscales Juan Carlos Caperochipi, Camila Banfi y el funcionario Cristian Olazábal realizaron un breve relato del inicio de la investigación que surgió a partir de un robo armado en una casa de familia.
Según los acusadores, los sospechosos Bruno Gómez, Oscar Vejar, Héctor Oyarzo, Bruno Vargas, Pablo Nievas, Esteban Soto, Carlos Rivas y Nicolás Aynol formaron parte de una banda de asociación ilícita. Con autonomía y unión de voluntades perpetraban diversos ilícitos en domicilios con o sin personas, planteó a Fiscalía.
Luego comercializaban el botín en el mercado ilegal ya sea por medio de la red social Facebook o directamente mediante llamados telefónicos a allegados o amigos. A partir de intervenciones telefónicas se pudo establecer que "estas personas ante nombradas se mantenían en contacto entre sí para perpetrar estos ilícitos contra la propiedad”, argumentó el Ministerio Público.
Algunos de los asaltos se produjeron en horario nocturno con el agravante de que fue cuando las víctimas descansaban. En la mayoría de los casos se apoderaban de electrodomésticos y dinero.
Para los representantes fiscales "los imputados formaban una comunidad criminal dotada de armas de fuego para perpetrar dichos ilícitos".
Gómez, Nievas, Rivas y Vejar facilitaban a los demás integrantes de la banda la provisión de armas de fuego, oficiaban de reducidores de los efectos sustraídos y captaban “clientes”, señalaron los fiscales.
Por todo ello, solicitaron que se declararan legales las detenciones y que la causa se catalogara como compleja a partir de la pluralidad de ilícitos, imputados y de víctimas. Asimismo, requirieron el plazo de un año y medio de investigación.
También pidieron la prisión preventiva por cuatro meses para los ocho sospechosos a partir de los elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores de los delitos. Argumentaron sobre los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación y la pena en expectativa que sería de cumplimiento efectivo.

TODOS A PRISION
Las defensoras públicas Viviana Barillari y María de los Ángeles Garro asistieron a Gómez, Vejar y Oyarzo. Expusieron que no estaban descriptas las circunstancias de los robos y que si no saben qué se les está imputando no saben de qué se van a defender. Se opusieron a la solicitud de causa compleja y argumentaron que no se dan los elementos para la imputación de asociación ilícita. Por ello, requirieron sus libertades con presentaciones semanales ante la Oficina Judicial.
Luego, Guillermo Iglesias –representó a Rivas y Aynol- también se opuso a la complejidad de la causa y respecto a la calificación jurídica dijo: “no se ha acreditado el acuerdo de voluntades” para formarla. Pidió la libertad de sus defendidos con presentaciones semanales por un mes y prohibición de acercamiento a testigos.
Mientras, el abogado Alejandro Fuentes –defendió a Vargas y Nievas– también solicitó sus libertades con presentaciones o subsidiariamente su arresto domiciliario con permiso de salidas laborales. Y el defensor Sergio Romero que asistió a Soto igualmente solicitó su libertad con presentaciones y subsidiariamente su arresto domiciliario.
El magistrado resolvió dar por formalizada la apertura de la investigación por el delito de asociación ilícita. Rechazó la solicitud fiscal de causa compleja y decretó para prisión preventiva de todos los imputados por el término de dos meses.
Odorisio además se refirió a la existencia del peligro de entorpecimiento debido a que restan tomar declaraciones y anticipo jurisdiccional de prueba como la rueda de personas.

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