Duras denuncias contra Gerardo Morales en Washington: "hay palos, gases y sanciones"

El Gobierno nacional, por su parte, debió dar explicaciones por la situación en Jujuy aunque no se abordó el tema de la detención de Milagro Sala. También defendió el endurecimiento de la política migratoria.

Representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de Jujuy comenzaron ayer en Washington a presentar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos.
El gobierno argentino debió en este primer turno responder por la represión a la protesta social en Jujuy, para lo que fue citado también el fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda. Luego debió defender el endurecimiento de la política migratoria.
En el encuentro los denunciantes pidieron adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta.
"Hay un discurso amoroso de respeto a los DDHH pero, en la práctica hay palos, gases y sanciones", señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El sindicalista Rafael Vargas (Trabajadores de Ledesma) al exponer sostuvo que en Jujuy: "nos denuncian y reprimen penalmente en las protestas", dijo sobre la situación en Jujuy.
Por su parte, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky señaló que "hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte del gobierno que quiere ser juez y parte".
"Se priva de sus derechos civiles y políticos a quienes protesta de manera anticonstitucional y anticonvencional", señaló.
La audiencia fue solicitada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (SOEA de La Esperanza), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el CELS y Amnistía Internacional.
El Gobierno nacional y provincial tuvieron que responder sobre la situación en Jujuy ante la CIDH, en Washington, en la audiencia denominada "Represión en Jujuy". Los encargados de representar al Estado fueron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, que destacaron el trabajo conjunto y defendieron la aplicación del código contravencional contra los referentes sociales, las causas judiciales contra organizaciones y sindicatos, y priorizaron el derecho a la circulación en rutas y calles sobre el derecho a la protesta, sobre lo que recibieron advertencias por parte de los integrantes de la CIDH.
Represión y criminalización, persecución judicial de organizaciones y referentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales. Ese fue el marco general crítico de vulneración a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que denunciaron los sindicatos azucareros, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el CELS. "La detención arbitraria de Milagro Sala es parte de una situación global", precisó Horacio Verbitzky, titular del CELS.
"Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional", advirtió Verbitzky durante la exposición de los peticionantes.
"En Jujuy, la Constitución nacional no rige, rige la voluntad del gobernador y ese es el núcleo del problema", sentenció Verbitzky.

"EXCESO DE DERECHOS"

A su turno, el fiscal de Estado jujeño resaltó que el código contravencional provincial -aprobado durante el gobierno del peronista Eduardo Fellner- "no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión", pero lo contrapuso a un "ejercicio abusivo de derecho". Miranda calificó como "aparente derecho de protestar" y "ejercicio ilegítimo de la protesta" la manifestación de la Red de Organizaciones Sociales en la Plaza Belgrano a fines de 2015 y principios de 2016 –que finalizó con la detención de Milagro Sala– y el bloqueo de la ruta nacional 34 por parte de los sindicatos azucareros a mediados del año pasado. Miranda justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como "un sitio al centro de la Ciudad".
"La protesta social y sindical no puede permitir la comisión de delitos respecto del resto de la población. El derecho no tiene carácter absoluto y, en exceso, viola otros derechos", fueron los conceptos defendidos por Miranda.

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