El ABC de un organismo autárquico que debuta en Comodoro Rivadavia

Durante la segunda sesión ordinaria de marzo, concretada el miércoles, el Concejo Deliberante saldó una deuda de 17 años, al conformar el directorio del ente de control de los servicios públicos concesionados, una estructura prevista en la Carta Orgánica Municipal, modificada en 1999. Luis Ferrero, Fernando Barría y Luis Velásquez encabezarán el ente.

Aunque los proyectos parlamentarios para concretar el Ente de Control como ordenanza en Comodoro databan de mayo de 2009, no fue sino hasta la última sesión de ese período de concejales, en diciembre de 2011, que la misma obtuvo sanción y a pesar de que la norma determinaba un plazo de 90 días para su reglamentación y puesta en marcha, pasó toda la gestión municipal de Néstor Di Pierro sin formalizarse.
Por unanimidad, los concejales respaldaron la designación del ingeniero mecánico Luis Antonio Ferrero, propuesto por el Ejecutivo municipal –orden de moción por la que será el presidente del directorio de tres miembros-; el contador Fernando Barría -propuesto por el bloque FpV como mayoría parlamentaria– y Luis Velásquez, impulsado por Cambiemos, la primera minoría en el cuerpo.
Este directorio, que deberá asumir formalmente en el marco de un acto protocolar que incluya la jura de estilo, durará 3 años en su mandato, no pudiendo ser reelegidos de modo consecutivo, y percibirán remuneración equivalente a la de un concejal. Para su funcionamiento, el Directorio tendrá quórum suficiente para sesionar con la presencia de dos de sus integrantes y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría, mientras que el presidente tendrá voto doble en caso de empate.

LA INTEGRACION,
LO QUE VIENE
La designación de este cuerpo colegiado no implica sin embargo que el Ente de Control se ponga en marcha de modo inmediato, sino que se abre una instancia de pasos administrativos a cumplimentar de modo previo, con lo que la expectativa municipal es que el mismo entre en vigencia plena para el segundo semestre del año.
De hecho entre las primeras misiones que tendrá el directorio, que ya cuenta con un presupuesto de 3 millones de pesos para el funcionamiento del organismo (según lo previsto en la cuenta general de gastos municipales 2016) está la de elaborar el reglamento interno del Ente municipal de Control de los Servicios Públicos, que deberá ser aprobado luego -por mayoría simple- por el Concejo Deliberante.
También deberá redactar su ordenanza de funcionamiento -con un plazo de 90 días- y determinar la estructura del organismo; lo que implica designar y contratar su personal o requerir al Ejecutivo la adscripción del personal idóneo y necesario, teniendo además la posibilidad de incluir estudiantes universitarios bajo el marco de la ley de pasantías

LO QUE CONTROLA
Con su estructura conformada -incluyendo los asesores técnicos– y con su reglamento dictado, cuando la estructura se ponga en marcha en forma definitiva, se convertirá en autoridad de aplicación de los contratos de todos los servicios públicos concesionados de la ciudad –y los que puedan incorporarse a posteriori por ordenanza-; es decir que tendrá poder de policía sobre:
La captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable; Tratamiento, disposición y transformación de líquidos cloacales y efluentes industriales y desagües pluviales; La generación, transporte, distribución de energía eléctrica y alumbrado de la vía pública; Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y barrido y limpieza de la vía pública; Transporte público de pasajeros, a saber: taxis, remises y transporte escolar; Verificación Técnica Vehicular; Residuos biopatogénicos; Tendido de televisión e Internet por cable y transmisión de datos.
Sobre estos servicios, el Ente tiene potestad concreta para fiscalizar el cumplimiento de los contratos y normativa; realizar el seguimiento del Plan de Inversión; las metas de servicio y niveles de desempeño estipulados en los respectivos contratos de concesión de cada servicio; controlar el cumplimiento de los términos contractuales y el acatamiento de las ordenanzas que se dicten en materia de fijación y/o variaciones de tarifas o cánones de los servicios, analizando las estructuras de costos e ingresos; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales o contractuales; requerir informes a toda dependencia municipal y a las concesionarias del servicios públicos, "pudiendo realizar inspecciones y todo tipo de verificaciones, como también recabar la entrega de todo tipo de documentación, informes y muestras", así como controlar el estado de las instalaciones de los prestadores, entre otras.

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