El antecedente de 2003

En el marco de una discusión tarifaria iniciada sobre el final de la gestión municipal de Jorge Aubía –y que tomó parte de la de Raúl Simoncini–, el Concejo Deliberante hizo uso de la atribución planteada en la Carta Orgánica Municipal (COM): ordenar una auditoría sobre los costos de la SCPL. Fue mediante la resolución 2303, y a tales fines el Tribunal de Cuentas contrató al contador Bazterrechea. Además, se invitó a actores intermedios como el Colegio de Abogados, Colegio de Escribanos y la Universidad a que aportaran elementos para el caso.
Por distintos motivos algunos se integraron y otros se excusaron, y aunque se obtuvieron algunos de los informes pedidos, la auditoría llegó a un punto muerto ante la negativa de la prestadora de servicios de dar acceso a otros datos.
El argumento de base entonces –y que se repite hoy– fue la inconstitucionalidad del pedido, en función de que la COM había sido modificada en 1999 para incluir esas atribuciones, mientras que el contrato de concesión era anterior (por algunos meses) a las nuevas disposiciones, que no podían aplicarse con retroactividad.
Hay que destacar que en el caso actual el contrato de concesión del servicio eléctrico debe ajustarse a la COM dado que fue renovado en 2012.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico