El caso de las masivas usurpaciones pasó a la órbita del Superior Tribunal de Justicia

Como era previsible, el titular de una de las defensorías públicas de Caleta Olivia, Walter Martínez, interpuso un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz para que se anule la sentencia del juez de instrucción Mario Albarrán, por la cual se intima al desaojo de familias que ocuparon ilegalmente cerca de 300 casas de planes oficiales en diferentes barrios.

Caleta Olivia (agencia)
Vale recordar que el funcionario asumió la defensa de esas familias que a fines de octubre de 2015 se apoderaron de los sectores 187, 60 y 40 viviendas, cuya construcción estaba paralizada.
Inicialmente interpuso un recurso de amparo ante el juez de instrucción de esta misma ciudad, Miguel Angel Meyer, fundamentando su postura en que las mismas no habían incurrido en delito ya que actuaron por necesidades encuadradas en los Derechos Humanos. Además reclamó a organismos públicos que se les provea de los servicios de energías, gas, agua y recolección de residuos.
Pero Meyer rechazó esa presentación y le dio la razón a Albarrán al considerar que las usurpaciones son un delito, como lo son los robos o los hurtos.
Por ello, el defensor púbico optó por la casación ante el Superior Tribunal al interpretar que es incorrecta la resolución del juez de instrucción, que implicaba hacer llegar notas de intimación a los ocupantes para que en un lapso de quince días abandonen las viviendas y las entreguen a los organismos encargados de su ejecución, es decir al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Municipalidad.

REPERCUSIONES

Ahora el caso ya está en la órbita del máximo organismo judicial de la provincia y tiene amplia repercusión en medios periodísticos de Río Gallegos.
A modo de ejemplo, en un informe publicado por el diario Tiempo Sur se señala que además de las instancias legales antes mencionadas "no es menor el reclamo de otros grupos de vecinos que entienden que están en condiciones legítimas de ser adjudicatarios de una casa financiada por el Estado".
"Es por ello que ya se han manifestado en los juzgados y realizado marchas, escraches al intendente e incluso emplazado carpas en inmediaciones del palacio comunal", se añade.
Cita además declaraciones de Martínez, cuando dijo no tenía dudas que el procedimiento "está viciado de nulidad para atender a una cuestión enraizada en los sectores más vulnerables" y que "parece que es más importante el derecho a la propiedad que el derecho humano a tener servicio y por ende la salud y seguridad".
"Entiendo que estamos ante una cuestión social ajena al ámbito penal" en la que "la responsabilidad del Estado es dar solución, no criminalizar", advirtió.

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